El líder de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, solicitó formalmente a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y a la Mesa Directiva que la iniciativa de la Ley General de Aguas sea analizada mediante un proceso de “parlamento abierto”, que incluya audiencias públicas, consultas con académicos, comunidades rurales y sectores productivos.
Moreira subrayó que dicha ley “no puede aprobarse al vapor”, pues afecta de forma directa a millones de personas, al desarrollo económico y a la sustentabilidad del agua en el país. Señaló que el debate debe ampliar su alcance más allá de lo puramente hídrico o presupuestal, integrando la dimensión agrícola y rural.
En un punto de acuerdo acompañado por su bancada, el PRI plantea que las comisiones dictaminadoras involucren mecanismos de participación efectiva de todos los sectores, y no sólo de los actores gubernamentales o empresariales. Argumenta que la experiencia regulatoria del agua requiere legitimidad y transparencia para evitar desequilibrios en el uso y acceso al recurso.
La iniciativa que impulsa el gobierno federal propone reformar la Ley de Aguas Nacionales y expedir la nueva Ley General de Aguas, en cumplimiento de obligaciones constitucionales pendientes desde 2012. Observadores señalan que aún quedan amplias discusiones por delante sobre competencias, derechos de agua, gestión comunitaria y financiamiento hídrico.
