La Cámara de Diputados, con voto mayoritario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, avaló la Cuenta Pública 2023 del gobierno federal pese a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó alrededor de 51 979 millones de pesos pendientes por aclarar.
El dictamen indica que el gasto federalizado y de las entidades locales concentró una parte significativa de las irregularidades: aproximadamente 40 801 millones provienen de entes estatales y municipales, lo que representa el 78.5 % del monto observado. La aprobación se dio con 335 votos a favor y 127 en contra, donde la oposición –Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC)– denunció un cierre de ojos ante deficiencias graves de fiscalización.
De su lado, legisladores oficialistas consideraron el dictamen como una “radiografía moral” del Estado, y sostuvieron que el gasto fue conducido con disciplina fiscal y orientación social pese al contexto internacional. Sin embargo, la crítica apunta a que aprobar sin resolver montos tan elevados equivale a legitimar opacidad y debilitar la rendición de cuentas institucional.
En definitiva, esta aprobación plantea un doble desafío: mantener la estabilidad en la gestión pública, y al mismo tiempo garantizar que los recursos sean auditados, justificados y recuperados en su totalidad para reforzar la confianza ciudadana.
