Un grupo de 133 trabajadores de libre designación del ya extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) siguen sin recibir la indemnización que les corresponde, a pesar de que sus servicios se prolongaron desde 2013 y abarcaron funciones de mando medio y medio alto.
El incumplimiento se produce tras la extinción legal del IFT el 16 de octubre de 2025, y la creación en su lugar de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
El problema principal radica en que el IFT traspasó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los recursos del fideicomiso destinado a cubrir las liquidaciones, lo que ha dejado en una incertidumbre jurídica y financiera a los afectados.
Las nuevas autoridades, ATDT y CRT, han manifestado apertura al diálogo y se han comprometido a gestionar los fondos necesarios ante Hacienda para resolver la situación. Sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado un cronograma claro ni se han liberado los recursos.
Desde un punto de vista crítico, el caso expone deficiencias en la transición institucional del sector telecomunicaciones: la creación de nuevos órganos reguladores no puede obviar compromisos laborales anteriores. Más aún, el hecho de que los recursos fueron remitidos a la SHCP sin que pareciera haber un mecanismo garantizado de liquidación, crea un riesgo de incumplimiento y reduce la confianza de los trabajadores en los procesos de reestructuración estatal.
La resolución del tema demanda no solo la liberación inmediata de los pagos, sino también la transparencia en el manejo de recursos y el establecimiento de una ruta clara para garantizar que futuros cambios institucionales no dejen vacíos de responsabilidad.
