El expolicía Alejandro Mejía Meza, conocido como “El Granito de Oro”, fue trasladado al penal Centro Federal de Readaptación Social Núm. 1 de máxima seguridad “El Altiplano”, en el Estado de México, tras su detención el 23 de octubre en Guerrero. Se le imputa participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014, por lo que será presentado ante un juez de control y confrontará cargos por delincuencia organizada, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Este traslado representa un avance procesal en un caso de alto impacto social que ha sido definido como una de las más graves violaciones a los derechos humanos en México. Sin embargo, la medida suscita preguntas sobre la coherencia de la estrategia estatal: ¿se acompaña este tipo de detenciones con una investigación transparente, protección a testigos y acceso real a la justicia para las víctimas y sus familias?
Aunque la prisión de una persona implicada es un paso simbólico relevante, el verdadero reto es que el proceso judicial permita esclarecer los hechos, identificar mandos y estructuras que posibilitaron el hecho y garantizar que el Estado rinda cuentas.
