El pleno de la Senado de la República aprobó con 68 votos a favor y 32 en contra el decreto para expedir la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, la cual fue remitida al Ejecutivo para su promulgación.
La iniciativa, promovida por el presidente de la Comisión de Marina, Carlos Lomelí Bolaños (Morena), plantea la creación de la “Jefatura de Operaciones Navales” para sustituir el Estado Mayor General, así como la integración formal de la ciberdefensa, la inteligencia artificial y unidades portuarias y aeroportuarias especializadas al mando naval.
La oposición —partidos como Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC)— criticó el dictamen al considerar que elimina contrapesos, concentra el mando en un solo órgano y debilita la supervisión parlamentaria y de derechos humanos.
Desde una mirada crítica, el cambio representa una modernización institucional relevante ante un entorno de amenazas híbridas —ciberataques, crimen organizado transnacional y riesgos marítimos—, pero también suscita varios desafíos:
- La concentración del mando puede debilitar la transparencia y rendición de cuentas si no se implementan mecanismos efectivos de supervisión y auditoría.
- La inclusión de funciones de ciberdefensa e inteligencia artificial es innovadora, pero requiere inversión, capacitación y cultura institucional que no siempre está garantizada en el sector militar.
- Aunque se reconoce la necesidad de adaptar la Armada de México, existe el riesgo de que la reforma profundice la militarización de tareas civiles sin que se definan límites claros a su competencia y coordinación interinstitucional.
En conclusión, la aprobación de esta ley marca un avance estratégico para la Armada de México, pero su éxito dependerá de que la implementación sea acompañada de los marcos de transparencia, rendición de cuentas y protección de derechos que garanticen su legitimidad institucional.
