Los diputados federales de Morena manifestaron su respaldo unánime al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta de la república después del asesinato del edil Carlos Manzo en Uruapan. En representación del grupo, el coordinador de Operación Política, Pedro Haces Barba, se reunió con empresarios de diversos sectores —aguacate, limón, cines, gremios del estado— y los instó a no cerrar sus negocios y a depositar su confianza en la estrategia gubernamental.
Los legisladores destacaron que el plan se fundamenta en tres ejes: seguridad y justicia con mayor presencia federal, desarrollo económico con equidad y educación-cultura para la paz. Al tiempo, hicieron un llamado para que el caso del edil no sea politizado y que la acción se base en cooperación institucional y técnica.
Críticamente, este respaldo puede interpretarse como un acto de cohesión interna de Morena frente a una crisis de seguridad en la entidad. Sin embargo, las dudas persisten: ¿cómo garantizará el Gobierno federal que las promesas de inversión, vigilancia y desarrollo económico no queden en declaraciones? Asimismo, el llamado a los empresarios a confiar plantea la pregunta de cuál será la contraprestación práctica en seguridad y certeza operativa para el sector productivo, especialmente en una zona azotada por la violencia organizada. La eficacia del plan dependerá, en buena medida, de su implementación y del seguimiento real que se dé a los compromisos.
