La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, encabezó una reunión de su gabinete legal y ampliado en el Palacio Nacional con el objetivo de diseñar y lanzar el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”. El encuentro fue convocado como respuesta directa al homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, y refleja la intención del Gobierno federal de activar una estrategia integral para la entidad.
Dentro de las acciones previstas figuran el refuerzo de la presencia de fuerzas federales en territorio michoacano, la habilitación de un programa de denuncia anónima para víctimas de extorsión, y un mecanismo de apoyo a las autoridades locales y a la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Asimismo, se propone mejorar el desarrollo agrícola, ampliar la oferta educativa y cultural, y expandir los denominados “Polos de Bienestar” para mitigar las causas estructurales de la violencia.
Desde una visión crítica, aunque la convocatoria tiene el mérito de plantear una respuesta colaborativa, surgen interrogantes significativos:
- ¿Se cuenta con recursos suficientes y plazos claros para operar el plan, o se quedará como un anuncio más en el contexto de alta conflictividad de la región?
- ¿Cómo se articularán efectivamente los distintos niveles de gobierno (federal, estatal, municipal) para evitar solapamientos o vacíos operativos en zonas como Uruapan?
- Finalmente, los esfuerzos estructurales —como la extensión educativa o el desarrollo agrícola— demandan continuidad, medición y rendición de cuentas; sin ello, la estrategia podría perder sustancia antes de producir resultados perceptibles.
