La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer este 9 de noviembre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral diseñada para atender la crisis de violencia en Michoacán tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El plan contempla una inversión pública y mixta por más de 57 000 millones de pesos, distribuidos entre seguridad, desarrollo económico, infraestructura y programas sociales.
Se estructuró en 12 ejes de acción y más de 100 medidas específicas coordinadas entre dependencias federales, estatales y municipales. Entre los componentes clave figuran el reforzamiento de las fuerzas federales en la entidad, la creación de unidades especializadas contra la extorsión, apoyo directo al campo (aguacate, limón y berries), infraestructura de conectividad y programas sociales orientados a jóvenes, mujeres e inclusión indígena.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que el estado añadirá otros 2 700 millones de pesos para complementar el plan.
- Si bien el monto anunciado es cuantioso y la estrategia ambiciosa, cabe preguntarse cómo y en qué plazo se traducirán esas acciones en mejoras tangibles de seguridad y bienestar.
- La historia reciente de Michoacán incluye múltiples planes de pacificación que no lograron revertir de fondo la violencia, lo que plantea dudas sobre la capacidad de implementación, coordinación y seguimiento.
- La atención a causas estructurales (como empleo, desarrollo rural, educación) es positiva, pero el éxito dependerá de que estos ejes cuenten con recursos adecuados, gestión eficiente y mecanismos de evaluación independientes.
- Finalmente, el anuncio viene tras un episodio de gran impacto político-social —el asesinato del alcalde Manzo— lo que hace que el plan se perciba tanto como una respuesta urgida como una puesta en escena. Para ganar legitimidad duradera, será clave la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
