Una investigación de la Fiscalía de Milán ha dado inicio a un caso sorprendente: se indaga si ciudadanos italianos abonaron sumas de hasta 100 000 euros para participar voluntariamente en el asedio a Sarajevo entre 1993 y 1995, con el fin de disparar contra civiles indefensos en un contexto bélico. Se habla de francotiradores que operaban desde las colinas que rodean la ciudad bosnia, contratados para «jugar a la guerra».
Los presuntos responsables, simpatizantes de la ultraderecha armada, iniciaban su experiencia en Trieste y luego eran trasladados al área del conflicto para llevar a cabo los ataques. El delito investigado es homicidio voluntario agravado, pues los objetivos eran personas civiles de Sarajevo. La denuncia inicial fue presentada por un periodista italiano, lo que abrió la puerta a una investigación trinacional que también toca Bosnia-Herzegovina.
La investigación recuerda el documental «Sarajevo Safari» del director esloveno, que puso sobre la mesa estos hechos hasta ahora poco ventilados. Según testimonios recogidos, los eventos suponían una combinación de violencia armada, espectáculo y turismo armado, en medio de un conflicto que dejó miles de víctimas. El entorno criminal parecía alimentado por la adrenalina, el arma fácil y la impunidad territorial.
Este escándalo reaparece en un momento crítico, pues plantea de nuevo preguntas sobre la responsabilidad internacional en escenarios de guerra, la complicidad activa o pasiva de actores externos y el papel del sistema judicial en castigar estos crímenes. La apertura formal del expediente en Italia marca un paso hacia la rendición de cuentas, pero también revive el trauma de Sarajevo y la memoria de quienes sobrevivieron bajo fuego indiscriminado.
