Brasil, una potencia económica y ambiental clave, planea finalizar y emitir las regulaciones para su nuevo mercado regulado de carbono a finales del año 2026. Esta hoja de ruta, confirmada por funcionarios del Ministerio de Finanzas, es fundamental para la credibilidad y la operatividad del mercado de carbono en el país, el cual es vital para atraer la financiación climática y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.
La creación de un mercado regulado de carbono, que incluye un sistema de límites y comercio (cap-and-trade), tiene implicaciones financieras directas. Proporciona la certidumbre legal y transparencia que exigen los inversores extranjeros y los grandes fondos de inversión para canalizar capital hacia proyectos de mitigación de emisiones y, crucialmente, de conservación en la Amazonía.
Desde una perspectiva crítica, la emisión de las reglas a finales de 2026 subraya la lentitud burocrática que enfrenta Brasil para operacionalizar su ambición climática. La industria financiera y las empresas están ansiosas por la definición de los precios y las asignaciones de cuotas de carbono, ya que estos parámetros afectarán directamente sus costos operativos y su planificación de inversión.
La ambición del gobierno de Lula es utilizar el mercado de carbono como un motor de la economía verde, pero el retraso regulatorio podría crear un vacío legal y prolongar la incertidumbre. El éxito del mercado dependerá de su capacidad para combatir el greenwashing y garantizar que los créditos de carbono emitidos (especialmente los basados en la naturaleza) sean de alta calidad y verificables.
