La reforma de pensiones implementada en México en julio de 2024 representa un cambio radical en el diseño del sistema previsional del país. Según el informe Pensions at a Glance 2025 de la OCDE, la modificación incluye un complemento garantizado que asegura a los pensionados recibir el equivalente al 100 % de su último salario mensual —con un tope ajustado por inflación— siempre que éste no supere el salario promedio nacional al momento del retiro.
Este esquema se aplica a todos los mayores de 65 años con pensión bajo el modelo de contribución definida (FDC), el cual requiere al menos mil semanas de cotización para 2031. El cambio rompe el tradicional vínculo entre lo aportado y el monto recibido, y convierte al sistema en un modelo de beneficios definidos en la práctica, aunque sin el sustento financiero habitual de estos esquemas.
La OCDE destaca que esta medida genera tasas netas de reemplazo de hasta 132 % para trabajadores con ingresos bajos y del 80 % para quienes perciben el salario promedio. Esto contrasta con el promedio de 76 % y 63 % respectivamente entre los países del organismo.
Sin embargo, el informe alerta sobre la falta de claridad en el financiamiento de esta garantía. Aunque las contribuciones obligatorias aumentarán gradualmente del 8.5 % actual al 15 % en 2030, esta tasa sigue por debajo del promedio de la OCDE (18.8 %) y dista del 33 % registrado en países como Italia. Además, una parte del financiamiento proviene de recursos extraordinarios, como cuentas inactivas, cuya disponibilidad a largo plazo es incierta.
El informe también pone atención en la brecha de género en pensiones. México se ubica entre los países con mayor desigualdad: las mujeres reciben en promedio un 35 % menos que los hombres. Aunque la reforma podría mitigar esta diferencia al desvincular ingresos y beneficios, la elevada informalidad y las trayectorias laborales fragmentadas de muchas mujeres siguen siendo barreras estructurales.
Finalmente, aunque la población mexicana es aún joven en términos relativos, el proceso de envejecimiento será rápido en las próximas décadas. Esto, combinado con altos niveles de desigualdad en la vejez y un sistema aún en consolidación, plantea interrogantes sobre la viabilidad a futuro del nuevo modelo de pensiones.
