La inflación en México para 2026 se enfrenta a un desafío estructural que complica el objetivo de estabilidad de precios del Banco de México (Banxico). Analistas económicos y expertos en política monetaria han identificado una doble presión al alza: la continuación de los aumentos al salario mínimo y la previsión de nuevos impuestos o cargos fiscales indirectos que se trasladarán al consumidor.
El factor salarial es el más crítico. Si bien los incrementos al salario mínimo buscan justicia social y recuperación del poder adquisitivo, la persistencia de estos aumentos en un contexto de desaceleración económica facilita que las empresas trasladen el aumento de sus costos laborales al precio final de bienes y servicios. Esto genera la temida inflación de segunda ronda o de costos.
Desde una perspectiva crítica, la nueva administración enfrentará la necesidad de financiar un déficit fiscal histórico (cercano al 5% del PIB). Aunque el gobierno ha evitado una reforma fiscal profunda, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 incluyen elementos que incrementan la carga fiscal y los precios regulados (como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS), lo que impacta directamente en la inflación general.
El reto de Banxico es enorme: debe decidir si la inflación es transitoria (por shocks de oferta) o estructural (por salarios y costos fiscales). El Banco Central ha advertido que estos factores mantendrán la inflación subyacente rígida, limitando su capacidad para iniciar un ciclo de recortes de tasas de interés y, por ende, frenando la actividad económica que requiere el crédito más barato.
