El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido por las autoridades bolivianas bajo acusaciones de corrupción, malversación de fondos y abuso de poder durante su mandato. Su arresto marca uno de los episodios políticos más tensos desde el cambio de gobierno, provocando reacciones inmediatas tanto de sus seguidores como de sus opositores.
Según la fiscalía, la investigación incluye presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos y contratos estatales. El Ministerio Público afirmó que se cuentan con suficientes elementos para justificar la detención preventiva mientras avanzan las pesquisas. Sin embargo, el equipo legal de Arce sostiene que el proceso es políticamente motivado y que se busca deslegitimar su legado.
El gobierno actual defendió la actuación de las autoridades judiciales, señalando que la lucha contra la corrupción debe aplicarse sin excepciones, incluso a quienes ocuparon la presidencia. Funcionarios aseguraron que el caso se está manejando conforme a derecho y que se respetarán las garantías procesales del exmandatario.
La detención ha generado protestas en distintas regiones del país, especialmente de grupos afines al expresidente, que consideran la medida un intento de persecución política. Mientras tanto, analistas advierten que el arresto podría profundizar la polarización en Bolivia y reconfigurar el escenario político rumbo a los próximos años.
