Coyuntura económica y algo más
La democracia sale barata… hasta que la cobras con intereses.
Macraf
Retomemos el análisis con un tema que, a primera vista, parecería no tener nada que ver con lo económico, pero que en el fondo es uno de los mayores obstáculos —o aceleradores— del desarrollo económico: la cuestión electoral. Lo pongo sobre la mesa porque en las últimas semanas volvió a tomar fuerza en medios y conversaciones políticas la “reforma electoral”. Y la primera pregunta, antes de aplaudir o rechazar por reflejo, es muy sencilla: ¿quién la está pidiendo y para qué?
Históricamente —en México y en muchos países— las reformas electorales suelen empujarse desde la oposición, para poner piso parejo, cerrar abusos y garantizar competencia real. Es decir, se pide reforma para que el árbitro sea más confiable, no para que el juego se incline. Por eso llama la atención que hoy no sea la oposición (que, dicho sea de paso, en este país anda más cerca de la nostalgia que de la estrategia) la que impulse el cambio, sino el propio oficialismo y el gobierno. Y cuando el que gobierna quiere reescribir reglas, casi nunca es por altruismo democrático; suele ser por cálculo.
Y aquí viene el puente con la economía. La política no es un mundo aparte: toda decisión política termina siendo una decisión económica porque se traduce en recursos públicos, reglas, incentivos y, sobre todo, confianza. Sin dinero no hay administración pública, y sin administración pública ordenada no hay Estado que funcione. Para conseguir ese dinero, el gobierno recauda, reasigna, gasta o se endeuda. Todo eso es economía. El problema es que, con demasiada frecuencia, las decisiones económicas se toman con lógica electoral: pensando en el aplauso inmediato y no en el costo de mediano plazo.
Digo algo que incomoda: la democracia, en términos económicos, no garantiza por sí misma buenas decisiones. ¿Por qué? Porque el proceso electoral se parece cada vez más a un concurso de popularidad donde gana quien logra convencer a más personas, no necesariamente quien entiende mejor cómo administrar un país. Y además, nunca vota el 100%: existe abstencionismo, y en términos internacionales suele moverse entre 30% y 60%. Eso significa que el “mandato” real suele estar construido sobre una porción limitada del total de la población. Pongamos un ejemplo sencillo: si pueden votar 10 personas y solo votan 5, y el ganador obtiene 3 votos, es 60% de los que votaron… pero 30% del total. Aun así, ese ganador decide sobre el 100% del presupuesto, del marco regulatorio y del rumbo institucional. Ahí está el corazón del problema: se gobierna para todos con el poder otorgado por pocos, y se toman decisiones que afectan inversión, productividad, empleo y competitividad.
En México, lo que vuelve más delicada esta discusión es que Morena llegó al poder —desde el sexenio del nuevo morador de Palenque— bajo las reglas que hoy descalifica. Durante años acusaron al INE de corrupción y de operar para perjudicarlos; sin embargo, bajo ese mismo árbitro y esas mismas reglas ganaron Presidencia, gubernaturas y mayorías. Entonces, si el argumento era que “todo estaba podrido”, la conclusión lógica es incómoda: o el sistema no estaba tan podrido como decían, o ganaron dentro de un sistema que tachaban de ilegítimo. En cualquier caso, la narrativa no cuadra y eso, en economía, se llama incertidumbre: una señal de que las reglas valen mientras convienen.
El verdadero foco es este: si el gobierno que ya gobierna pide una reforma electoral, lo que debe exigirse es claridad total sobre el objetivo. Hasta ahora, lo que se escucha son viejas promesas recicladas: eliminar plurinominales, bajar financiamiento, “abaratar la democracia”. Pero el costo de la democracia no se mide por lo que gasta el árbitro, sino por lo que cuesta perder contrapesos. Una reforma que debilite al árbitro o reduzca la competencia no “ahorra”; encarece el país, porque reduce confianza y eleva la prima de riesgo institucional. Y esa factura se paga en menor inversión, crecimiento más bajo y desarrollo más lento.
Además, el entorno internacional no está para caprichos internos. El FMI proyecta que el crecimiento mundial se mantenga alrededor de 3.3% en 2026 y 3.2% en 2027, pero advierte que esa firmeza descansa en fuerzas divergentes y que la incertidumbre por políticas comerciales y tensiones geopolíticas sigue ahí, lista para cobrar factura. Y en ese mismo marco, México aparece con una proyección de crecimiento de 1.5% en 2026 y 2.1% en 2027. No es catástrofe, pero tampoco es el tipo de expansión que permita cerrar rezagos. Para un país con brechas sociales y competitividad frágil, crecer así es avanzar con el freno de mano puesto.
Por eso, una reforma electoral impulsada desde el poder no es un tema “político” aislado: es una decisión económica de primer orden. Si la moradora de palacio mueve las reglas para concentrar control, el mensaje para empresarios, inversionistas y ciudadanos es brutalmente simple: mañana puedo cambiarte el tablero otra vez. Y cuando el tablero cambia por capricho, la inversión se espera, el empleo se congela y la competitividad se deteriora.
El llamado “humanismo mexicano” que pregonaba Andrés y ahora sostiene la corcholata mayor no ha servido para reducir desigualdad con crecimiento; ha servido, más bien, para profundizar dependencias y debilitar bases del desarrollo económico: productividad, certeza institucional, competencia y largo plazo.
La conclusión, para quien quiera verla sin maquillaje, es esta: una reforma electoral desde el oficialismo no debe evaluarse por sus slogans, sino por su efecto en la calidad institucional. Y la calidad institucional no es un lujo democrático: es un activo económico. Si la reforma huele a permanencia en el poder, el país lo paga. Si huele a control, lo paga. Si huele a desmantelar contrapesos, lo paga. Y lo paga siempre igual: con menos inversión, menos crecimiento y menos desarrollo.
“Así, así los tiempos estelares del segundo piso, de la transformación de cuarta.”
✒️ El apunte incómodo
Es casi de risa ver cómo desde el poder se normalizan escenas que deberían escandalizar a cualquiera. Hace poco nos enteramos de que Morena coaccionaba el voto de ciertas personas a cambio de jitomates. Sí: jitomates. Se ofrecía cierta cantidad de esa verdura a quien aceptara votar por un candidato y afiliarse al partido oficial. ¿Por qué? Porque traen la obsesión de presumir un “gran logro histórico”: 10,000,000 de afiliados. Y el encargado de ese “milagro estadístico” es el junior Andy López Beltrán.
La escena es tan esperpéntica que uno no sabe si reírse, llorar o indignarse. Da risa, claro, por lo grotesco. Dan ganas de llorar cuando se entiende la bajeza a la que se llega por un voto. Pero lo verdaderamente indignante es lo demás: que haya quien lo acepte, quien lo repita, quien lo justifique… e incluso quien lo aplauda. Porque ahí está la fotografía completa del deterioro: no solo lo hacen desde el poder; están probando hasta dónde aguanta la dignidad… y parece que algunos todavía la traen en oferta.
