El gobierno de México ha dado un paso firme en la regulación del tabaco al prohibir oficialmente la comercialización de cigarrillos electrónicos y vapeadores en todo el territorio nacional. La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y establece sanciones que van desde multas económicas hasta penas de prisión para personas físicas o empresas que incumplan la normativa.
La decisión se enmarca dentro de una estrategia más amplia de protección de la salud pública, especialmente con el objetivo de reducir la incidencia de consumo de nicotina entre adolescentes y adultos jóvenes, grupos en los que el uso de dispositivos de vapeo ha crecido en los últimos años. Autoridades sanitarias han argumentado que los riesgos asociados con estos productos (incluidos adicción, daños pulmonares y efectos cardiovasculares) no están suficientemente mitigados para considerar su venta como aceptable en el mercado formal.
La normativa publicada establece que la venta, distribución, importación y promoción de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares queda prohibida, y que quienes participen en dichas actividades se harán acreedores a sanciones que pueden incluir multas significativas y penas de prisión. Los montos y plazos se definen conforme a la Ley General para el Control del Tabaco y su reglamento, que ahora incorporan expresamente este tipo de dispositivos entre los productos sujetos a restricción.
Además de sancionar a los comerciantes, la regulación también contempla medidas dirigidas a evitar el acceso de menores de edad a estos productos, reforzando el marco legal que desde hace años restringe la publicidad de tabaco y sus derivados en espacios públicos y privados. La prohibición pretende reducir no solo la oferta, sino también el atractivo de estos dispositivos para jóvenes, que en muchos países se han convertido en una “puerta de entrada” al consumo de nicotina.
Representantes de la Secretaría de Salud han señalado que la medida se basa en evidencia científica reciente, que muestra que los vapeadores pueden tener efectos nocivos no solo por la nicotina, sino también por otras sustancias que se inhalan al calentar los líquidos utilizados en estos aparatos. La autoridad sanitaria ha reiterado que la única forma segura de consumir nicotina sigue siendo la abstinencia, y que las políticas públicas deben buscar desincentivar cualquier forma de consumo, especialmente entre la población joven.
La prohibición también implica un mayor control en aduanas y puntos de entrada al país, donde ahora se reforzarán las acciones para impedir la importación no autorizada de estos productos. Se espera que las autoridades de salud, en coordinación con otras instancias, trabajen de forma conjunta para supervisar el cumplimiento normativo y aplicar sanciones a quienes intenten comercializar dispositivos prohibidos de manera clandestina.
Reacciones del sector comercial han sido diversas. Mientras algunos representantes de tiendas especializadas y distribuidores advierten sobre el impacto económico que la prohibición podría tener en ciertos nichos de mercado, organizaciones de salud y activistas a favor de políticas de control del tabaco han aplaudido la medida, señalándola como un avance necesario para proteger el bienestar de las generaciones actuales y futuras.
Con esta acción, México se suma a otros países que han reforzado sus marcos regulatorios frente al vapeo, respondiendo tanto a preocupaciones sanitarias como a la necesidad de adaptar las leyes a nuevas formas de consumo. El impacto de la prohibición se evaluará con el tiempo, pero desde ahora representa una señal clara de que las autoridades buscan limitar la proliferación de productos que pueden representar riesgos para la salud sin beneficios comprobados para la población.
