La privación ilegal de la libertad de seis turistas en Mazatlán ha reavivado cuestionamientos sobre la seguridad en el puerto, particularmente por la cercanía de un campamento militar al lugar donde ocurrieron los hechos.
La noche del martes 3 de febrero, cuatro hermanos —Omar, Gregorio, Javier y Monserrat— junto con Óscar, esposo de esta última, y su hija Dana, de nueve años, fueron interceptados mientras circulaban en vehículos todo terreno sobre la avenida Sábalo Cerritos. El grupo, originario de Santa Ana Ixtlahuaca, Estado de México, había viajado a Sinaloa para celebrar el cumpleaños de su madre. Tras cenar, rentaron unidades tipo RZR, una actividad común entre visitantes del destino turístico, y posteriormente se perdió contacto con ellos.
Horas después, Monserrat y la menor fueron localizadas con vida en una brecha cercana al poblado El Habal. El resto de los integrantes del grupo no fue mencionado como localizado en la información disponible.
El caso adquiere una dimensión adicional por la ubicación de un destacamento militar instalado desde hace al menos tres meses sobre la carretera que conduce a El Habal. Este punto es considerado la única vía de acceso hacia la zona norte de Mazatlán para quienes provienen de Culiacán o Durango, entidades señaladas como focos de actividad del crimen organizado.
La posición del campamento resulta estratégica, ya que se encuentra a mitad de camino entre el sitio donde ocurrió la privación de la libertad y el lugar donde fueron encontradas la mujer y la niña. Trabajadores del sector turístico han señalado que, dada la configuración de la zona, cualquier desplazamiento hacia esa brecha necesariamente tendría que pasar por ese tramo.
José Francisco, quien se dedica al transporte de visitantes y transita diariamente por la ruta hacia hoteles, la Zona Dorada y el aeropuerto, expresó que resulta difícil entender cómo un convoy pudo desplazarse sin ser detectado. Su testimonio refleja la inquietud que comienza a extenderse entre quienes dependen de la actividad turística.
El episodio ocurre en un contexto de hechos violentos recientes en el puerto, con posibles repercusiones para la imagen del destino y su economía. La presencia militar en puntos estratégicos busca reforzar la seguridad; sin embargo, este caso plantea interrogantes sobre la efectividad de esos despliegues y su capacidad para prevenir o responder ante situaciones de alto impacto.
