El Gobierno de Estados Unidos anunció el cierre del operativo federal de refuerzo migratorio en Minneapolis, conocido como Operación Metro Surge, tras varias semanas de despliegue intensivo de agentes y una creciente controversia política.
Tom Homan, designado como responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, informó que propuso al presidente Donald Trump dar por concluida la fase de aumento de personal en Minnesota, decisión que fue aceptada. Según explicó, la operación logró mejorar la coordinación con autoridades estatales y locales, así como atender problemas detectados durante su implementación.
El operativo fue reforzado después de que un ciudadano estadounidense muriera a manos de un agente federal, hecho que elevó la tensión en la zona. En el punto más alto del despliegue se concentraron cerca de 3 mil agentes migratorios. Posteriormente, Homan asumió el control directo el 26 de enero, tras la reacción política por los tiroteos en los que murieron Renee Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses y manifestantes contra el ICE.
De acuerdo con cifras proporcionadas por Homan, se realizaron más de 4 mil arrestos durante la operación, aunque no detalló cuántos correspondieron específicamente a personas consideradas amenazas para la seguridad. Más de 200 personas fueron detenidas bajo un estatuto federal que sanciona la agresión o interferencia contra funcionarios federales.
El funcionario insistió en que la prioridad son personas que representen riesgos graves, como agresores sexuales, homicidas o abusadores de menores. No obstante, advirtió que cualquier persona en situación migratoria irregular puede ser sujeta a detención, en línea con la promesa presidencial de deportaciones masivas.
Mientras la Casa Blanca defendió los resultados, autoridades estatales expresaron preocupación. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y el comisionado penitenciario Paul Schnell señalaron ante el Senado que el incremento de agentes afectó la actividad económica y generó temor entre residentes. También cuestionaron la narrativa federal sobre la seguridad en Minneapolis y afirmaron que el aumento no redujo la violencia.
En el plano político, el episodio evidenció tensiones entre el Gobierno federal y autoridades locales en torno a la aplicación de leyes migratorias, especialmente en territorios considerados “santuario”. Aunque el grueso del personal será retirado, un grupo reducido permanecerá temporalmente para cerrar la operación y transferir el control total a la oficina local.
La conclusión del operativo no implica un cambio en la política migratoria nacional. Homan dejó claro que la aplicación de la ley continuará en todo el país, lo que mantiene abierto el debate sobre el alcance y los efectos de las medidas federales en las comunidades locales.
