La discusión sobre la ley de amnistía en Venezuela continúa abierta y bajo intensa presión política, en medio de cuestionamientos sobre si el alcance del proyecto podría beneficiar también a integrantes de las fuerzas de seguridad y a funcionarios señalados por graves violaciones de derechos humanos. El debate se reactivó tras un mensaje atribuido al derrocado presidente Nicolás Maduro, enviado desde una cárcel en Nueva York y transmitido por su hijo, Nicolás Maduro Guerra, en el que solicitó que la medida no solo ampare a sus opositores, sino también a quienes formaron parte del aparato oficialista.
La Asamblea Nacional analiza actualmente un proyecto orientado a conceder amnistía por delitos políticos o relacionados con ellos. Según el borrador que se debate, quedan expresamente excluidas las violaciones graves de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Esto implicaría que miembros de los cuerpos de seguridad investigados por la Corte Penal Internacional y por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU no podrían acogerse a los beneficios legales. No obstante, el proceso legislativo sufrió una pausa el viernes pasado debido a desacuerdos en torno a una modificación que podría afectar a dirigentes opositores en el exilio, como María Corina Machado o Edmundo González. La falta de consenso mantiene la discusión en suspenso.
Organizaciones de derechos humanos que participaron en reuniones con legisladores han advertido sobre los riesgos de ampliar el alcance de la ley. Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, señaló que el texto preliminar no contempla impunidad para responsables de crímenes graves, aunque pidió cautela hasta conocer la versión definitiva. Desde su perspectiva, existe el intento de encontrar fórmulas que eviten responsabilidades penales en casos de represión. En una línea similar, Óscar Murillo, coordinador de Provea, consideró que las recientes declaraciones del chavismo buscan sentar bases políticas para proteger a quienes formaron parte de la estructura represiva.
El debate tiene implicaciones que trascienden el ámbito interno. Venezuela se encuentra bajo observación de instancias internacionales que investigan denuncias de abusos sistemáticos. Cualquier modificación que altere la rendición de cuentas podría afectar su relación con organismos multilaterales y condicionar la percepción global sobre su proceso de transición política. Por ahora, el texto mantiene la exclusión de crímenes graves, pero la discusión legislativa abierta y la presión política evidencian que el alcance final de la amnistía aún está por definirse.
