La deuda pública de México llegó a 19.41 billones de pesos al cierre de mayo de 2026, con un crecimiento real anual de 3.7%, mientras el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicó en 18.90 billones de pesos, equivalente a 50.6% del PIB. Aunque el déficit fue menor al previsto, las cifras muestran que las finanzas públicas siguen operando con presión estructural.
La SHCP informó que el balance presupuestario registró un déficit de 418.7 mil millones de pesos entre enero y mayo. El resultado fue 266.3 mil millones menor al programa, lo que da margen frente a la meta anual. Sin embargo, el déficit fue mayor al observado en el mismo periodo de 2025, cuando se ubicó en 253.3 mil millones de pesos.
El punto delicado está en la mezcla fiscal: los ingresos presupuestarios cayeron 1.8% real anual, pero el gasto neto total aumentó 2.3%. Esa diferencia obliga a mantener necesidades de financiamiento y reduce la capacidad de ajuste sin tocar gasto prioritario o inversión.
Las cifras clave muestran la presión:
- Gasto neto total: 3.97 billones de pesos, con aumento real anual de 2.3%.
- Gasto corriente estructural: 1.68 billones de pesos, con avance real de 12.7%.
- RFSP: 527.6 mil millones de pesos entre enero y mayo.
- SHRFSP: 18.90 billones de pesos, equivalente a 50.6% del PIB.
El gasto corriente estructural es uno de los datos más relevantes porque creció muy por arriba del gasto total. Este tipo de gasto tiende a ser más difícil de ajustar, lo que puede limitar el margen del gobierno para corregir el déficit sin afectar otras áreas. En contraste, el costo financiero de la deuda bajó 9.6% real anual y se ubicó 85.9 mil millones de pesos por debajo del programa, lo que alivió parcialmente la presión fiscal.
El balance primario presupuestario también muestra una señal mixta. Hubo superávit de 15 mil millones de pesos, mejor que el déficit previsto, pero muy lejos del superávit de 207.3 mil millones observado un año antes. Esto refleja que el espacio fiscal antes del pago de intereses se redujo de forma importante.
Para estados y municipios también hubo presión: las participaciones disminuyeron 3% real anual, derivado de una menor recaudación federal participable. Esto puede afectar la capacidad de gasto local en servicios públicos, obra e inversión regional.
La lectura económica es clara: el gobierno logró un déficit menor al programado, pero no por una expansión sólida de los ingresos, sino en un contexto de menor recaudación y gasto contenido frente al calendario. El riesgo para la segunda mitad del año será que el ajuste dependa cada vez más de recortes, subejercicios o más deuda.
El siguiente punto a observar será la trayectoria del gasto corriente, los RFSP y el diseño del Paquete Económico 2027. Ahí se verá si la normalización fiscal descansa en ingresos más fuertes o en una administración cada vez más estrecha del margen presupuestal.
