Marruecos estudia suspender el acuerdo de extradición con España después de cuestionar el cumplimiento de las entregas de personas reclamadas por la justicia marroquí, informó este miércoles 12 de agosto el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi.
El funcionario explicó que, en algunos casos, agentes marroquíes se desplazan a España para recoger a personas cuya entrega ha sido solicitada y, al llegar, reciben la información de que el reclamado ya se encuentra en libertad. Ouahbi calificó esa situación de incomprensible y señaló que Marruecos no está dispuesto a continuar movilizando funcionarios para operaciones que finalmente no se concretan.
Según el ministro, la posibilidad de suspender la aplicación del acuerdo se encuentra actualmente en discusión dentro del Ministerio de Justicia de Marruecos. La declaración no supone una suspensión efectiva: Ouahbi no anunció una decisión definitiva ni detalló un procedimiento para hacerla efectiva.
El acuerdo de extradición vigente entre ambos países fue firmado en Rabat el 24 de junio de 2009 y entró en vigor el 1 de septiembre de 2012. El convenio establece la entrega recíproca de personas reclamadas por las autoridades judiciales de España o Marruecos, bajo las condiciones y procedimientos establecidos en el propio texto.
El documento también regula la presentación de solicitudes de extradición, la detención preventiva y la documentación que debe acompañar las peticiones. Su artículo 27 establece que cualquiera de las partes puede denunciar el convenio mediante una notificación escrita por vía diplomática y que la denuncia surte efecto un año después de su envío. El acuerdo de 2009 sustituyó al convenio bilateral de extradición firmado en 1997.
Ouahbi sostuvo que Marruecos sí cumple con las solicitudes de entrega formuladas por España, mientras acusó a la parte española de no actuar de la misma manera en los casos reclamados por Rabat. Sin embargo, el ministro no proporcionó una cifra sobre las personas que, según su versión, se han visto afectadas por entregas que finalmente no se realizaron ni identificó públicamente casos concretos.
La advertencia se produce además en medio de diferencias entre ambos gobiernos sobre la política migratoria. En declaraciones difundidas este miércoles, Ouahbi cuestionó que Marruecos trate de impedir la salida irregular de migrantes mientras España, según afirmó, termina aceptando y regularizando a algunas de las personas que llegan a su territorio.
El ministro también vinculó sus críticas con una sentencia reciente del Tribunal Supremo español sobre las devoluciones de personas interceptadas en el mar cuando intentan entrar a nado en Ceuta y Melilla. La resolución es la STS 814/2026, dictada el 29 de junio. El Poder Judicial difundió públicamente su contenido el 8 de julio y explicó que el Supremo considera que la legislación española no permite aplicar una devolución inmediata en esos casos.
La sentencia establece que las personas interceptadas en alta mar en esas circunstancias deben quedar sujetas al procedimiento de devolución previsto en la legislación de extranjería. Ouahbi ha presentado esta posición judicial como parte de sus cuestionamientos a la política migratoria española y ha señalado que puede generar un efecto llamada.
No obstante, la posible suspensión del acuerdo de extradición no ha sido formalizada. Por ahora, el único anuncio confirmado es que el Ministerio de Justicia marroquí está analizando esa posibilidad a raíz de los problemas denunciados por Ouahbi. Tampoco se ha informado de un número concreto de operaciones de entrega afectadas ni de una fecha para una eventual decisión.
El convenio bilateral continúa, por tanto, vigente mientras Marruecos no adopte y comunique formalmente una medida en ese sentido. Su propio texto establece que una eventual denuncia tendría efectos un año después de su notificación diplomática. El anuncio de Ouahbi, por ahora, se mantiene en el terreno de la evaluación ministerial y no modifica las obligaciones vigentes entre los dos Estados.
