El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dentro de una nueva acción financiera contra una red que Washington vincula con Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa. La medida coloca a Torres en una lista junto con 20 personas más y 25 entidades señaladas por las autoridades estadounidenses.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) atribuyó a Torres un papel de operador político y sostuvo que habría utilizado su influencia para facilitar y proteger actividades de la estructura criminal en Baja California. También lo relacionó con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, señalado por Estados Unidos como dirigente de una célula de Los Mayos en Mexicali.
El señalamiento proviene de una autoridad estadounidense y no equivale, por sí mismo, a una sentencia penal. La designación de OFAC tiene efectos administrativos y financieros dentro de la jurisdicción estadounidense, mientras cualquier responsabilidad penal debe determinarse mediante los procedimientos correspondientes.
La acción alcanza a una red más amplia. Entre los sancionados aparece Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, a quien el Tesoro identifica como líder de Los Mayos. También fueron incluidos operadores financieros, presuntos facilitadores y empresas que, según Washington, habrían contribuido a mantener las operaciones de la organización.
La sanción golpea el dinero y las operaciones
La principal consecuencia para las personas y entidades designadas es el bloqueo de los bienes e intereses que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. Las transacciones de ciudadanos y empresas estadounidenses con los sancionados también quedan prohibidas, salvo las autorizaciones que correspondan.
Con esta herramienta, Washington busca cortar los recursos que permiten operar a las organizaciones criminales. En la nueva designación, el Tesoro incluyó a personas que identifica como facilitadores políticos, financieros y empresariales.
La medida amplía además las acciones estadounidenses contra Los Mayos. El Tesoro ya había señalado previamente a integrantes de esa estructura y a Ponce Félix, a quien atribuye un papel relevante dentro de la organización. La nueva ronda busca afectar a la estructura y a quienes, según Washington, le proporcionan respaldo.
El caso adquiere una dimensión particular en Baja California por la relación que Torres mantuvo con la gobernadora. Sin embargo, la sanción anunciada este martes está dirigida contra él y no constituye una determinación de responsabilidad contra Marina del Pilar Ávila. Tampoco significa por sí misma que funcionarios del gobierno estatal hayan sido imputados por estos hechos.
Torres rechaza los señalamientos
Después de conocerse la designación, Carlos Torres rechazó las acusaciones y negó tener relación con grupos o actividades criminales dentro o fuera de México. Señaló que buscará aclarar la información ante las autoridades correspondientes.
La respuesta abre otra parte del caso: mientras OFAC sostiene que Torres habría utilizado su influencia política para beneficiar a la estructura, él niega esos vínculos. Hasta ahora, esas posiciones forman parte de un expediente en el que la autoridad estadounidense ya tomó una decisión administrativa, pero no sustituyen una resolución judicial sobre responsabilidad penal.
El impacto inmediato se encuentra en el ámbito financiero estadounidense. Los activos sujetos a su jurisdicción quedan bloqueados y las operaciones con personas o empresas estadounidenses quedan restringidas bajo el régimen de sanciones.
La designación también vuelve a colocar bajo escrutinio la relación entre estructuras criminales y actores políticos en Baja California. Cualquier investigación mexicana deberá determinar por separado si existen elementos para establecer responsabilidades conforme a las leyes nacionales.
La sanción de Washington marca así una nueva presión financiera sobre una red que Estados Unidos vincula con el Cártel de Sinaloa, pero deja abiertas las preguntas sobre las posibles consecuencias jurídicas dentro de México. Por ahora, lo confirmado es la designación de Torres por OFAC, los señalamientos contenidos en ella y su rechazo público a las acusaciones.
