Por Arturo Damm Arnal
El poder del gobierno es el poder para obligar, prohibir y castigar, y se justifica si la obligación es pagar impuestos que le permitan al gobierno prohibir violar derechos y castigar a quien los viole. El problema surge cuando el gobierno obliga, prohíbe y castiga lo que no debe obligar, prohibir y castigar, atentando contra la libertad individual y la propiedad privada.
Se supone (habrá que ver hasta qué punto ha sido eficaz) que para evitar los abusos del poder gubernamental hay que dividirlo y atomizarlo. Dividirlo en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Atomizarlo en poder federal, estatal y municipal. La división y atomización del poder gubernamental tienen como fin la creación de contrapesos, con el objetivo (habrá que ver en qué medida ha resultado eficaz) de evitar los abusos del poder gubernamental, que siempre atentan contra la libertad individual y la propiedad privada.
El problema es que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y los gobiernos federal, estatal y municipal, por más división y atomización que haya, son gobierno, partes distintas de un mismo todo, debiendo analizarse qué tan eficaces han resultado para evitar el abuso del poder gubernamental, que siempre atenta contra la libertad individual y la propiedad privada.
Por prudencia hay que contar con un contrapeso al poder gubernamental que no sea parte del gobierno, y ese debe ser la prensa, con dos condiciones: que el compromiso de quienes la practican sea con la verdad y con sus valores (de entre los cuales, al tratarse de la prensa, destaca la verdad), y con nada más. El verdadero contrapeso del poder gubernamental es la prensa libre, cuya tarea esencial es vigilarlo y criticarlo.
La libertad de la prensa comienza, como cualquier otra libertad, por la autonomía financiera. La prensa libre, en cualquiera de sus manifestaciones (periódicos, revistas, radio, televisión, etc.), debe financiarse de sus consumidores (lectores, radioescuchas, televidentes, etc.), no del gobierno (publicidad gubernamental), financiamiento gubernamental que puede atentar contra la libertad de prensa porque, si el que paga manda, éste puede no estar dispuesto a pagar para que le peguen, para que lo vigilen y critiquen, para que le pidan cuentas.
¿Hasta qué punto puede ser total y definitivamente libre una prensa que depende para sobrevivir, si no al cien por ciento, sí en un porcentaje importante, de la publicidad gubernamental? Pero más importante, ¿hasta qué punto estamos los ciudadanos dispuestos a pagar por una prensa verdaderamente libre, comprometida solo con la verdad y con los valores de quienes la practican (en mi caso, por ejemplo, con la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal)? Entre los elementos necesarios de la democracia, entendida como el poder de los ciudadanos sobre los gobernantes, ¿no hay que contar a la prensa libre, que vigila y critica al gobierno, condición necesaria para que los ciudadanos puedan ejercer su poder sobre el poder gubernamental, que es el poder para vigilarlo y criticarlo, y que se ejerce por medio de la prensa libre? El tema no es solo de dinero: ¿se tiene para financiar a la prensa?, sino de voluntad: teniéndolo, ¿se está dispuesto a pagar lo que se requiera para que no se tenga que recurrir a la publicidad gubernamental?
La democracia, el poder de los ciudadanos sobre el gobierno, necesita de la prensa libre, y la prensa libre necesita que sean los ciudadanos, no el gobierno, quienes la financien.
Las reflexiones anteriores vienen a cuento por el caso de la revista Nexos a la cual, dicho sea de paso, le debo, por lo cual doy las gracias.
