Por Arturo Damm Arnal
Si de algo presume el gobierno de la 4T es de la austeridad que, simple y sencillamente, sobre todo si la consideramos como sinónimo de ahorro, no existe. Lo que el gobierno ha hecho es gastar menos en ciertos rubros del presupuesto, los que no son prioritarios para AMLO, para poder gastar más en otros, los que sí son prioritarios, principalmente dos: las obras de infraestructura (el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía), y los programas clientelares (producción para el bienestar, crédito ganadero a la palabra, tandas para el bienestar, sembrando vida, jóvenes escribiendo el futuro, jóvenes construyendo el futuro, pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores).
Si por austeridad entendemos ahorro, y por ahorro gastar menos, no hay tal. En 2019 el Presupuesto de Egresos de la Federación fue de 5,838,059,700,000 de pesos (5.8 millones de millones). Para el 2020 la cifra considerada es de 6,107,732,400,000 (6.1 millones de millones), lo cual resulta en un aumento del 4.6 por ciento nominal, y del 1.6 por ciento real (ya descontada la inflación esperada para este año, tres por ciento, según los Criterios Generales de Política Económica 2020). ¿Ahorro? Por ningún lado.
Lo que ha sucedido es que, a lo largo del camino, se han ordenado recortes en algunos rubros, como fue el caso del recorte del 75 por ciento en los gastos operativos de las dependencias del Gobierno Federal, recorte que no supone gastar menos en el agregado, sino gastar menos en gastos operativos para poder gastar más en las obras de infraestructura y los programas clientelares, que son las prioridades de AMLO.
Esto escribí en mi cuenta de Twitter la semana pasada: “Muy austera la 4T pero no ha habido ningún beneficio para los contribuyentes: no ha bajado, mucho menos desparecido, un solo impuesto. ¿No se deberá a que la austeridad es puro cuento? Ha habido reasignación de gasto pero no reducción”. Pero lo más importante: ¿debe ahorrar el gobierno? Para responder correctamente consideremos lo siguiente.
Cobrar impuestos implica que el gobierno, en su calidad de recaudador, obliga al ciudadano, en su calidad de contribuyente, a entregarle parte del producto de su trabajo, lo cual se justifica si, y solo si, el gobierno destina esos recursos a la realización honesta y eficaz de sus legítimas tareas (todo un tema: ¿cuáles son las legítimas tareas del gobierno?, pregunta que nos lleva a esta otra: ¿hay una manera objetiva, al margen de ideologías y prejuicios, de responderla?).
¿Es correcto que el gobierno nos cobre impuestos, que nos obligue a entregarle parte del producto de nuestro trabajo, para ahorrarlo, para no gastarlo (permítanme el optimismo) en nuestro beneficio? No. El gobierno debe gastar, honesta y eficazmente, todo lo que recauda. El gobierno no debe ahorrar, lo cual no quiere decir que no deba constituir fondos para, dado el caso, poder hacerle frente a imprevistos, como es el caso del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, a cuyos fondos AMLO quiere echarles mano, tal y como es el caso con otros fideicomisos, y no para gastar menos, sino para gastar de manera distinta.
En México debe revisarse a fondo en qué, cuánto y cómo gasta el gobierno, siendo que, en términos generales, el gobierno gasta en lo que no debe, razón por la cual gasta más de lo que debe, sin pasar por alto que, en muchos casos, gasta como no debe. Si esta revisión se llevara a cabo, y se actuara en consecuencia, el resultado sería: (i) acotar al gobierno a la realización de sus legítimas tareas; (ii) reducción del gasto gubernamental; (iii) mejor gasto gubernamental (por ejemplo: subsidiando la demanda, no la oferta; por ejemplo: en alimentación, educación y atención médica), lo cual haría posible una reducción y/o eliminación de impuestos (reforma fiscal correcta), es decir, menos dinero en manos del gobierno y más en manos de los ciudadanos, como debe ser.
