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La semana pasada vi una gráfica en la que se exponían los treinta nacimientos registrados en México durante el año pasado, 2024, de madres más jóvenes y la edad conocida del padre. La gráfica de la Secretaría de Salubridad y Asistencia indica claramente el municipio y el estado dónde ocurrió el nacimiento, la edad de la madre, la del padre y la diferencia de edad entre ambos.
Todas las madres son niñas de entre diez y doce años de edad. La diferencia de edad entre ellas y los progenitores van de dos a cincuenta y tres años. Si, vuelve a leer lo que acabo de escribir: un hombre de sesenta y cinco años embarazó a una niña de doce años de edad.
El 24 de marzo de 2016, la misma Secretaría publicó la última versión de la NOM-046-SSA2-2005, sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres y los criterios para la prevención y la atención. La introducción del documento establece que “por su alta prevalencia, efectos nocivos e incluso fatales, la violencia familiar y sexual es un problema de salud pública que representa un obstáculo fundamental para la consolidación efectiva de formas de convivencia social, democrática y con pleno ejercicio de los derechos humanos… Si bien cualquier persona puede ser susceptible de sufrir agresiones por parte del otro; las estadísticas apuntan hacia niños, niñas y mujeres como sujetos que mayoritariamente viven situaciones de violencia familiar y sexual… La violencia contra la mujer, tanto en la familia como la ejercida por extraños, está basada en el valor inferior que la cultura otorga al género femenino en relación con el masculino y la consecuente subordinación de la mujer al hombre.”
Esta NOM obliga a los Centros de Salud Federal a proporcionar el servicio de aborto a cualquier mujer que diga que fue violada y que, como resultado del delito sexual, está embarazada. Tratándose de niñas menores de dieciocho y mayores de doce años, el servicio ha de prestarse sin la necesidad de contar con la autorización de quien ejerza la patria potestad o la tutela sobre la menor.
¿Cuántas de esas menores que se reportan en la gráfica fueron no sólo víctimas de violación, sino de incesto? Según datos de Save the Children, en ocho de cada diez casos, el agresor es una persona conocida o un familiar y, el 96% de los abusadores no tiene antecedentes penales de violencia sexual. Los varones menores de edad representan el 7.7% de esta cifra.
La CONAPO dice que hay 77 nacimientos por cada mil adolescentes de entre 15 y 19 años, colocando a México en el primer lugar a nivel mundial en embarazos adolescentes entre los países de la OCDE, pero no reporta el número de niñas que dan a luz cada año.
Regresando a los datos que presenta la Secretaría de Salubridad y Asistencia en su gráfica de niñas que dieron a luz, es evidente que las políticas públicas no las protegen de ser víctimas una y otra vez de violencia sexual; que tampoco los programas de formación propagandísticos que reciben en primaria les proporcionan una efectiva educación afectiva y sexual y; que el fácil acceso al aborto en los Centros Federales sólo sirve para revictimizarlas una y otra vez.
Despenalizar el aborto en todo el país, como lo han propuesto nuestros gobernantes, evidentemente no es la solución. Se viola el principio general de derecho que obliga a probar a quien afirma. Entiendo la necesidad de cambio de paradigma en la investigación de la comisión de delitos sexuales, pero la prestación del servicio de aborto a una víctima de incesto, sólo condena a muerte al inocente, revictimiza a quien se ha violada y premia al delincuente.
