Por Arturo Damm Arnal
La tarea esencial del gobierno, aquella a la cual no puede renunciar sin dejar de serlo, es garantizar la seguridad de los ciudadanos e impartir justicia. Podemos discutir si además debe ser desde el petrolero de la nación hasta el educador de la gente, pero no está a discusión que su tarea esencial es la señalada.
Que el gobierno deba garantizar la seguridad e impartir justicia quiere decir que su tarea esencial es hacer valer el Estado de Derecho, que defino como el gobierno de las leyes justas, siendo tales la que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas. El otro ingrediente del Estado de Derecho son autoridades honestas y eficaces que hagan valer las leyes justas.
En México el Estado de Derecho no pasa de ser Estado de Chueco, al grado de tener que preguntarnos si tenemos gobierno.
El World Justice Project calcula y publica el Índice de Estado de Derecho que mide cómo están los países en la materia. Ya tenemos el índice 2020, y estos son los resultados generales para México. Entre 128 países ocupa el lugar 104, con una calificación, entre 0 y 1, de 0.44. Con relación al índice 2019 retrocedió tres posiciones y bajó 0.01 puntos en la calificación. Estábamos mal, ahora estamos peor, y no parece que vayamos a mejorar.
Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, el 64.6 por ciento del gasto programable se destinará a desarrollo social, el 26.3 por ciento a desarrollo económico, y solamente el 9.1 por ciento a lo que se conoce como gobierno, es decir, a financiar las tareas propias del gobierno, aquellas a las cuales no puede renunciar sin dejar de serlo, que son garantizar la seguridad e impartir justicia, hacer valer el Estado de Derecho. El gobierno tiene las prioridades invertidas.
¿A qué se refiere desarrollo social? A la redistribución del ingreso. ¿Y desarrollo económico? A la generación del ingreso. El gobierno privilegia al primero sobre el segundo, lo cual es un error porque no se puede redistribuir lo que no se ha generado. Para que se genere la mayor cantidad de ingreso posible se necesita que las inversiones directas, que son las que producen bienes y servicios, crean empleos (para producir alguien tiene que trabajar) y generan ingresos (a quien trabaja se le paga), sean las mayores posibles, para lo cual se necesita crear confianza entre los inversionistas, y la mejor manera de hacerlo es haciendo valer el Estado de Derecho, con leyes justas y autoridades honestas y eficaces, algo que, con solamente el 9.1 por ciento del gasto programable destinado a financiar las tareas propias del gobierno, difícilmente se logrará.
Si se necesitan más recursos para tener un gobierno honesto y eficaz sobra tela de donde cortar: que se reasigne gasto de desarrollo social y económico hacia gobierno. ¿Cuánto? El que sea necesario para tener lo que tanta falta nos hace: un gobierno honesto y eficaz, que garantice la seguridad e imparta justicia, que haga valer el Estado de Derecho. El problema es que el gobierno, éste y los anteriores, tiene las prioridades invertidas: primero desarrollo social (con el 64.6 por ciento del presupuesto), luego desarrollo económico (con el 26.3) y al final gobierno (con solo el 9.1).
El mejor programa de desarrollo social es un buen programa de desarrollo económico, que cree puestos de trabajo y fuentes de ingreso, y el mejor programa de desarrollo económico necesita del Estado de Derecho, del gobierno de las leyes justas, de autoridades honestas y eficaces. El problema, insisto, es que el gobierno tiene las prioridades invertidas, porque gobernar se ha vuelto sinónimo de redistribuir el ingreso.
