Rodrigo Saval Pasquel
Por si no estaban enterados, en estas semanas, un grupo internacional de “hacktivistas” autodenominado Guacamaya entregó a los medios de comunicación más de 6 terabytes de información clasificada que estaba en posesión las Fuerzas Armadas Mexicanas. Pero ¿qué implicaciones podría tener lo anterior para nuestras instituciones?
Además de tener grandes implicaciones políticas para Morena y el Presidente, puesto que en los archivos se encuentran bitácoras de viajes privados de su familia pagados con recursos públicos, evidencia de nexos políticos con cárteles de droga, e incluso funcionarios públicos con actividades criminales al amparo del poder del Estado como lo es la evidencia de la venta de armas a la delincuencia organizada, esta filtración se da en el contexto de la aprobación de la ampliación de las labores del Ejército y Guardia Nacional en labores de seguridad pública.
Con el contexto actual, ¿en verdad nos conviene como país ampliar las facultades legales de las fuerzas armadas? Personalmente respeto y aplaudo la labor que realizan las Fuerzas Armadas. El sacrificio de sus integrantes —con sus respectivas excepciones— me parece más que patriótico, admirable. No obstante, nuestra historia nos explica a gritos que la militarización no es la vía para lograr la pacificación del país. Y en lo personal, creo que también es no solamente anticonstitucional, sino que también denigrante el mal uso que se le ha impuesto a las Fuerzas Armadas desde el Poder Ejecutivo durante esta administración.
Si bien el hackeo de Guacamaya nos ha enseñado que dentro de las filas del Ejército existen miembros que merecen persecución criminal por diferentes motivos, más allá de advertirnos que Morena ha cometido un grave error al darles tareas civiles a nuestras fuerzas armadas, la publicación de los documentos ha desnudado a una nueva clase política Morenista que cínicamente ha realizado todo lo que en campaña repudiaba y más.
De un Presidente que decía que se acabarían los privilegios de los aviones privados y las escoltas, hoy tenemos a una familia presidencial que utiliza recursos públicos para financiar viajes personales a otros países, e incluso el distópico caso de una embajadora de nuestro país —cuyo sueldo es financiado por recursos públicos— que fue designada como niñera de un adolescente en el extranjero, cuyo principal privilegio es nada más y nada menos que ser el hijo del titular del Ejecutivo.
Dentro de los documentos publicados, también encontramos reportes de inteligencia militar que relatan lo que ya era evidente más no comprobable: el partido del Presidente ha financiado sus campañas electorales en diversas ocasiones con recursos provenientes del narcotráfico. Y no solamente eso, también funcionarios públicos de gobiernos Morenistas siguen siendo integrantes de cárteles. Lo más retorcido del asunto recae en que varios de estos funcionarios, —al día de hoy— siguen ocupando puestos clave para —irónicamente— garantizar la seguridad pública en varios Estados.
Aunque hoy se pueda interpretar esto como un golpe a las instituciones, en mi opinión puede sernos útil para fortalecerlas de manera democrática. Ya que los corruptos han sido avisados que ni el clasificar archivos confidenciales como de “seguridad nacional” va a permitir que sus crímenes pasen desapercibidos por la población. Por lo tanto, nuestras instituciones podrán evolucionar de forma atípica.
Es decir, quizás el internet y las redes sociales llegaron a obligar a modificar el comportamiento de quienes integran estas instituciones, por lo tanto enseñándonos que las instituciones no solo pueden cambiar desde adentro, sino que como ciudadanía, nosotros podemos obligarlas a cambiar desde fuera.
