Juan Araque Contreras
En cualquier sistema organizacional, privado o público, que se precie de trabajar de manera eficaz y eficiente, se deduce una jerarquía de elementos, que a su vez, origina una cadena de mando que le permite al sistema funcionar atendiendo derechos y obligaciones, para resolver necesidades y problemas diferentes, con las soluciones más adecuadas.
Así es posible entender, que la jerarquía es un conjunto de personas que encabezan una organización jerárquica, como por ejemplo el Estado o una empresa. Tiene entre otras características, la de contar con la eficiencia de sus funciones, responsabilidades en la presentación de informes y la comunicación. Dicha jerarquía, se asemeja a lo que en la organización castrense (milicia) se denominada, cadena de mando.
El Estado como entidad pública, no está exento de tomar en cuenta todo lo anterior y, en principio, debe dar cumplimiento a esos elementos para obtener resultados óptimos en los fines y objetivos que establezca, considerando siempre el régimen de gobierno legalmente establecido en una Constitución, así mismo, debe contar con los canales de comunicación necesarios para hacer del conocimiento de entes subordinados, las decisiones (órdenes) tomadas a partir del órgano superior, o sea el Presidente o Director de esa entidad pública.
La jerarquía, por lo tanto, determina niveles respecto de las órdenes dictadas por el superior, en el caso del Estado, se puede decir que la instrucción proviene del Presidente, de manera inmediata, los Secretarios, los representantes de los órganos autónomos, los Directores o Gerentes de organismos descentralizados, que sucesivamente acogen las instrucciones de su superior. En este caso, hablando de responsabilidades, la primera responsabilidad será la del Presidente o Directivo, cualquiera que sea su denominación.
Dado lo anterior, quien ocupe el nivel superior de la jerarquía será el responsable de las órdenes e instrucciones que tome en el ejercicio del poder, las que deberán ser cumplidas en sus términos, mediante la correspondiente delegación de funciones, o en su defecto, al no ser cumplidas, tendrán consecuencias en el ámbito competencial, asumiendo la responsabilidad que conforme a derecho determinen las leyes o reglamentos aplicables.
Esta explicación, viene al caso por dos eventos, uno no tan reciente, que es el colapso de la línea 12 en el metro en el donde fallecieron 27 usuarios, y en el segundo, más reciente, el incendio de un albergue para migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, que le costó la vida a 40 personas.
Cabe señalar, que en este último caso, donde fallecieron 40 migrantes, 12 tenían la nacionalidad salvadoreña, y cuyo gobierno, exigió al Gobierno de México “la renuncia de los funcionarios” involucrados en el incidente, lo que según lo expuesto en el inicio del presente, coincide con el tema de la jerarquía y su responsabilidad, que podría ser directa o indirecta; para el caso de México, serían salvo prueba en contrario, los titulares de la Secretaria de Gobernación, de la Subsecretaria de Derechos Humanos y el Comisionado del Institución Nacional de Migración, y en su caso, alguno de los migrantes que supuestamente iniciaron el siniestro, afirmando el Presidente de México que consideraba correcta la sugerencia en cuestión.
En el caso del Metro, la responsabilidad recaería en la Titular de la Jefatura de Gobierno y la Directora del mismo (que anduvo perdida un tiempo), así como los funcionarios con niveles inferiores que tuvieran que ver con la omisión de las irregularidades que presentaba el funcionamiento del Metro, como fue la construcción y supervisión del mantenimiento de dicha obra. Lo anterior, en razón de la cadena de mando existente entre los niveles de gobierno .
En la jerarquía y la responsabilidad compartida se conjugan otros conceptos, como son, la delegación de funciones y la responsabilidad directa e indirecta. En cuanto a la primera, ya se observaron algunas de sus características, no así de la responsabilidad, que en términos generales, nos indica la situación en que se ubica una persona señalada en una ley, o reglamentos que norman las reglas su actividad dentro del órgano público o privado en términos de una obligación, pero que por derivación estatutaria, adquiere esa responsabilidad, lo que implica la existencia de una orden, que se dicta en una situación vinculante, con una responsabilidad, asumida solo por el ejercicio del cargo, previa designación y aceptación de esto último.
Para el caso del albergue, tomando en cuenta los señalamientos anteriores y que, el responsable en primera instancia sería el titular del Poder Ejecutivo, por encontrarse en la parte superior de la jerarquía, posteriormente, la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Derechos Humanos y El Instituto Nacional de Migración, haciéndose extensiva la responsabilidad a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el por origen de las víctimas, la mayoría de ellos extranjeros provenientes de Centro y Sudamérica. Por cierto, el inmueble en que ocurrió el siniestro, fue contratado por el Gobierno Federal, entiéndase el INM, al parecer por la cantidad de 190 millones de pesos, en el esquema de adjudicación directa, algo muy acostumbrado en el presente régimen y que abona a la opacidad que rodea el caso.
Sin embargo, no hay que olvidar que también resultaría una responsabilidad a nivel internacional, por el Acuerdo que el Presidente Joe Biden tiene con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de detener en territorio mexicano a los migrantes provenientes de Centro y Sudamérica que pretenden cruzar la frontera México-Estados Unidos, y aquí la responsabilidad quedaría al arbitrio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sería cuestión de ver que piensa Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores después de su cantada experiencia administrativa en el libro que acaba de publicar, en el que no menciona la responsabilidad que tuvo en el incidente de los policías en Tláhuac, cuando fue separado de su cargo por la omisión que se derivó de los hechos en los que fueron linchados esos agentes del orden.
Se puede concluir en primera instancia, que ambas corcholatas y sus CVs no están tan inmaculados en su desempeño administrativo, ¿que responsabilidad opera en estos casos? si no aplican, ni la jerarquía, ni mucho menos la responsabilidad, entonces uno se pregunta ¿realmente son estos los gobernantes que desea el pueblo?, si la respuesta es afirmativa, luego entonces, algo está mal.
