Por María Fernanda Rubio Ruiz
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La desigualdad y la violencia de género en México son problemas que inundan la existencia de millones de mujeres mexicanas. A pesar de que la sombría verdad de injusticias afecta a cada rincón del país, la situación que enfrentan las mujeres en zonas rurales y, más aún, en comunidades indígenas, se presenta como una realidad taciturna y de profunda vulnerabilidad. Las mujeres en estas comunidades son víctimas de múltiples formas de violencia y discriminación, siendo la económica una de sus vertientes estructurales. Las mujeres indígenas, sin duda, viven un doble desafío: el primero por el simple hecho de haber nacido mujeres, y el segundo por su condición rural.
Datos del CONEVAL revelan que, en México, la pobreza afecta al 69.5% de la población indígena; sin embargo, la cifra se vuelve aún más alarmante para las mujeres de estas comunidades, dado que el 84.3% de ellas se encuentra bajo estas condiciones de precariedad. Asimismo, resulta sorprendente que solamente 3 de cada 10 mujeres que viven en zonas rurales forman parte del mercado laboral, y únicamente 2 de cada 10 en el caso de las mujeres indígenas; estos datos muestran una clara barrera sistemática para el desarrollo integral de una economía con perspectiva de género y sensibilidad ante las diferencias culturales y étnicas del país. Datos del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres) advierten que en 2022, el 49.4% de las indígenas jefas de hogar contaban con ingresos económicos inferiores o iguales al salario mínimo, mismo ingreso monetario que percibió el 27.9% de las mujeres no indígenas. Según el Instituto, un preocupante 20% de las mujeres en estas comunidades enfrenta la barrera del analfabetismo, lo que representa una diferencia de 16 puntos porcentuales en comparación con sus pares no indígenas. A su vez, en términos educativos, apenas logran superar la educación primaria, mientras que las mujeres no indígenas llegan al menos al primer año de preparatoria. Estas disparidades presentan un claro obstáculo en el acceso al mercado laboral formal y limitan sus oportunidades de desarrollo tanto a nivel personal como profesional.
La escasa inclusión financiera, se presenta como otra de las grandes barreras a las que estas mujeres se tienen que enfrentar día con día, misma que, en muchas ocasiones, pasa desapercibida ante los ojos de la sociedad. La brecha de género, en cuanto al acceso a servicios financieros y tecnológicos, es evidente, y, desafortunadamente, agudiza aún más la distancia rural-urbana. Las mujeres, especialmente las mujeres en áreas rurales, cuentan con un mínimo acceso a los productos y servicios financieros, principalmente al crédito, cuentas de ahorro, al acceso a sucursales, uso de cajeros automáticos, y diversificación de portafolio. Por ejemplo, únicamente 2 de cada 10 de estas mujeres utilizan cajeros automáticos, lo que representa una brecha de 9.9 puntos porcentuales con respecto a los hombres de zonas rurales, y de 26 puntos con respecto a los de áreas urbanas. Asimismo, apenas el 4.9% de las cuentas bancarias de mujeres en áreas rurales están vinculadas a la banca con celular, lo que representa la mitad de la cifra comparada con los hombres en estas comunidades. Estos datos evidencian una marcada disparidad en cuanto a la disponibilidad tecnológica y una cultura que tiende a marginar a las mujeres de las decisiones económicas en sus hogares y de su activa participación en las finanzas familiares.
Resulta indiscutible que la situación de las mujeres indígenas en nuestro país es desgarradora y abrumadora; se requiere de medidas urgentes y efectivas que garanticen la inclusión y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para todas. A la vez, resulta menester abordar la pobreza y la precariedad que sumerge a la mayoría de estas mujeres, a través de políticas públicas que contemplen no solo la eliminación de las barreras económicas y financieras, sino también la promoción de la igualdad de género y el respeto a la diversidad cultural. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad mucho más próspera y equitativa, en la que todas las mujeres, sin importar su origen, cuenten con las mismas oportunidades de desarrollo económico y realización personal.
