Por Aldo Yair Caballero Sandoval en colaboración con Jaime Tbeili Benpalti
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Ante la arrasadora victoria de Morena en el congreso, parece inminente una reforma del poder judicial en nuestro país. Si bien es necesaria una mejora en el funcionamiento de esta rama del gobierno, hay una cuestión que ha levantado grandes controversias a nivel nacional e internacional: la elección de jueces y ministros mediante el voto popular. Aunque en primera instancia parece ser una idea positiva el querer incluir a la ciudadanía en esta área de la vida pública, una mirada más profunda nos permitirá ver las serias implicaciones que podrían tener en cuanto a la independencia judicial y la justicia de México.
En primera instancia, al hacer un análisis con tan solo un poco de sentido común, podemos darnos cuenta que el hecho de elegir a los miembros del poder judicial mediante el voto, politizará significativamente su labor. Dicha cuestión, en vez de producir una mejora, solo entorpece su funcionamiento, pues las decisiones de los ministros y jueces podrían verse comprometidas por consideraciones políticas en su afán de querer ganar votos. Esto a su vez, puede llevarnos a una situación muy preocupante de populismo judicial, en el que se promuevan políticas judiciales populistas en lugar de decisiones fundamentadas en la ley y los principios jurídicos.
Ahora bien, las aptitudes de los candidatos a estos puestos pueden generar cierto nivel de decadencia en la calidad judicial. En otras palabras, el hecho de que una persona sea hábil para hacer campaña, no quiere decir que sea el más apto para desempeñar el cargo de juez. Al final del día, el voto popular puede beneficiar sólo a aquellos que tengan mejores habilidades políticas o más recursos, en lugar de a los que son más competentes en el ámbito legal. Además, es claro que las campañas electorales requieren de un gran financiamiento, por lo que, contrario a lo que se busca, se induce a la corrupción y una gran influencia de intereses privados en las decisiones judiciales. Es evidente que se requiere de una gran independencia para el sistema de justicia, por lo que, cualquier injerencia por parte de grandes intereses traerá consecuencias devastadoras para la aplicación equitativa de la ley. Por no mencionar que al menos una parte de ese dinero vendría de nuestros impuestos.
Es innegable que se necesita reformar el poder judicial para mejorar su funcionamiento; sin embargo, la propuesta de elegir jueces y ministros mediante el voto popular conlleva riesgos significativos para la independencia judicial y la calidad del sistema de justicia en México. La politización del proceso de selección podría debilitar la imparcialidad y objetividad que son fundamentales para un sistema judicial justo y equitativo. Además, podría abrir la puerta a influencias indebidas y populismos judiciales que podrían socavar la confianza pública en la justicia. Por lo tanto, es fundamental considerar alternativas que fortalezcan la independencia judicial y aseguren que los jueces sean seleccionados por su mérito y competencia profesional, garantizando así la protección de los derechos y la aplicación imparcial de la ley en el país.
