13 de julio de 2024 12:30 pm
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Nuevo Gobierno de México Enfrenta el Reto de Preservar Lenguas Indígenas

El próximo gobierno de Claudia Sheinbaum se compromete a realizar un diagnóstico exhaustivo sobre la situación de las lenguas indígenas en México, con el fin de implementar políticas que frenen su desaparición y promuevan su uso y enseñanza.

El gobierno entrante de Claudia Sheinbaum tiene ante sí el desafío de abordar la situación de las lenguas indígenas en México, donde más de 7 millones de personas son hablantes de alguna de las 68 lenguas con 364 variantes registradas. Según datos del INEGI de 2020, estas comunidades representan el 6.1% de la población mexicana mayor de tres años. Muchas de estas lenguas están en peligro de extinción, con 64 variantes consideradas en riesgo muy alto de desaparecer, una realidad que urge medidas efectivas de preservación y revitalización.

El gobierno de Sheinbaum planea comenzar su gestión con un diagnóstico detallado de la situación lingüística de cada comunidad indígena. Este análisis servirá como base para diseñar políticas adecuadas de planificación lingüística que no solo preserven sino también fomenten el uso de estas lenguas en sus comunidades respectivas. El reconocimiento y la valorización de la diversidad lingüística del país se perfilan como una prioridad, en línea con el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas proclamado por la ONU para 2022-2032.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México (ULIM), gestionada por el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI). Aunque la universidad ya ha comenzado a operar, enfrenta el desafío de asegurar un presupuesto adecuado que permita su desarrollo y consolidación. La administración de Sheinbaum busca garantizar que esta y otras instituciones dedicadas a la promoción de las lenguas indígenas reciban los recursos necesarios para cumplir con sus objetivos, lo cual será crucial para el éxito de cualquier política de revitalización lingüística.

Este esfuerzo transversal para mejorar la situación de las lenguas indígenas en México también contempla reformas constitucionales que reconozcan a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con el derecho a ser consultados en decisiones que afecten su vida y entorno, lo que refuerza el compromiso del gobierno por una inclusión más efectiva y respetuosa de los pueblos originarios del país.

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