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El domingo 15 de septiembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan distintas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lograr este acto el Titular del Ejecutivo Federal, Secretarios de la Administración Pública Federal, diputados, senadores, un ex ministro y dos ministras en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afines a los intereses políticos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) emplearon bajo el argumento de una lucha en contra de la corrupción en el Poder Judicial Federal, recursos metajurídicos muchos de ellos en contravención de la ley y la Constitución que juraron respetar.
El año de 2024 quedará en la memoria para algunos mexicanos como el año en que se consolido un régimen político, que en su discurso propugna el bienestar de los pobres, el fin de la corrupción, a través de la extinción de instituciones, para una nueva distribución de la riqueza, sin importar el; ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿por qué? ¿para qué? hacerlo, el beneficiario final y mucho menos el costo de ello. Para otro segmento de la población reconoce que, por segunda ocasión, Morena ganó la presidencia y obtuvo más gubernaturas, conformó mayorías en los Congresos, y la materialización de distintos actos y hechos que ponen en riesgo derechos fundamentales, patrimoniales y un Estado democrático.
El cuestionar ¿Cómo se obtuvo tan avasallante cambio político? ¿Por qué el gobierno da cifras que no empatan con la realidad? ¿Por qué México existe más impunidad en todo tipo de delitos? ¿Por qué es mayor la percepción de inseguridad? Ha sido motivo para que hombres y mujeres sean objeto de asedio, persecución, amenaza, pérdida de patrimonio, libertad y la vida. Triste hecho que no podemos negar; nuestro país en los últimos 10 años, el hacer preguntas y obtener respuestas tiene un precio, no por nada el ejercer el periodismo es una profesión peligrosa; y las desapariciones forzadas registradas y sus cifras grises dan cuenta de ello.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a lo largo de poco más de 100 años se estableció la división de poderes, mecanismos de pesos y contrapesos, e instituciones autónomas de evaluación y vigilancia con participación ciudadana. Este entramado de normas, principios, directrices e instituciones, fueron construidas por hombres y mujeres que participaron en la conformación de un Estado de instituciones; para el reconocimiento, ejercicio, garantía y protección de derechos fundamentales de la población; y, el desarrollo y crecimiento del bienestar social, económico y político, evitando el acaparamiento del poder público en uno o en algunos, y así evadir la tentación del establecimiento de regímenes dictatoriales y autoritarios en nuestro país.
Son actuales las demandas del diputado Alberto Martínez de Escobar, por el Estado de Tabasco, en la 46° sesión ordinaria celebrada el 31 de enero de 1917, en el Congreso Constituyente 1916-1917 en el sentido de que; “… repruebo todo aquello que entre nosotros tienda a romper la armonía que debe existir entre los poderes públicos, como que no es Poder, propiamente hablando, ninguno de ellos, sino que todos juntos forman un solo y gran Poder… Porque es necesario que condenemos para siempre la existencia de poderes dictatoriales… Porque esa constante agresión del Ejecutivo al Legislativo, y recíprocamente de éste o aquél, y como los dos tienen cierta fuerza, y tienden a expansionarla, siempre domina el que posee la fuerza militar, y ese choque bien puede producirse con el Poder Judicial, porque si es verdad que éste es débil orgánicamente, ya veremos; cuando se discuta especialmente este Poder, cómo posee una fuerza potentísima constitucional, formidable y terrible, como ha dicho Montesquieu.”
La mayor parte de mi infancia y juventud escuché y leí las palabras “autoritarismo”, “corrupción”, “violencia”, “democracia”, “libertad”, “ciudadanía”, “decisión”, “justicia”, y “Estado de Derecho”, conforme avance en mis estudios esas palabras no solo tomaron significado; también, se vieron materializadas. La democracia con elecciones organizadas por un organismo autónomo en el que la ciudadanía es el actor principal, porque es, con su voto, vigilancia y conteo, quien toma la decisión. La democracia es, la decisión de las mayorías, el respeto a las minorías y de aquellos que piensan diferente.
Con aciertos y también deficiencias nuestros derechos se reconocen y hasta hace unos días contábamos con una de las herramientas más importantes para protegerlos y garantizarlos de actos arbitrarios de autoridades federales, estatales y municipales, y de particulares que buscaban obtener beneficios y ganancias indebidas; esta herramienta, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante meses y semanas se gestó el contubernio del poder ejecutivo y legislativo, dominado por una sola fuerza política, para pervertir y transformar a la principal herramienta del Poder Judicial de la Federación en un actor político más. A partir del 16 de septiembre nuestra Suprema Corte de Justicia transitará de ser una instancia independiente e imparcial para resolver sobre la legalidad de los actos de autoridad emanados del poder ejecutivo y legislativo, dirigidos a la población y a individuos identificados; e, impartir justicia en las diferencias entre los particulares, a un actor político que velará por los intereses de quienes detentan el poder y sus allegados.
Este 15 de septiembre de 2024, no encontré motivos para celebrar una independencia y libertad que nos ha sido despojada por un grupo de personas que no les gusta ser cuestionadas, que impusieron su voluntad sin respetar y escuchar las voces del pueblo mexicano que salió a las calles, paro industrias, para expresar su reproche aun gobierno que se ufana de ser del pueblo, de legisladores que se dicen ser la voz de ese pueblo que les otorgó su confianza y voz para representarlo, porque ambos incumplieron el mandato que como pueblo les confiamos.
El legado que nos fue encomendado por generaciones, considero lo hemos perdido, al permitir y tolerar, dejar de ser un Estado nacional para convertirnos en un pueblo que ignora las lecciones del pasado. Los proyectos de un solo hombre que llega al poder incumpliendo leyes, destruyendo instituciones e imponiendo su ley, en la experiencia nacional e internacional enseñó a nuestros antepasados que el precio que se paga es en millones de vidas, ejemplo de esto tenemos los casos de Alemania con dos Guerras Mundiales, Argentina con más de un régimen dictatorial, Cuba, Venezuela y Bolivia, sumidas en crisis humanitarias y regímenes autoritarios, dictatoriales, corruptos, todos ellos establecidos por el pueblo que creyó, tuvo la esperanza de la promesa de mejores condiciones de vida, economía y bienestar, promesa incumplida para las mayorías y trampa mortal para los que se dieron cuenta o cuestionaron los verdaderos fines de los que se hicieron del poder a base del engaño.
En 30 días contados a partir del 16 de septiembre, el Senado emitirá la convocatoria para la elección extraordinaria de ministros de la Corte, magistrados Circuito; y jueces de Distrito, para posteriormente generar listados de personas elegibles, mientras la justicia para las víctimas deberá esperar, las ilegalidades de las autoridades se materializarán, los daños y perjuicios para una población que lo único que tuvo era la esperanza de un México independiente, libre, justo y próspero. Este 15 de septiembre celebraron los que nos quitaron el México por el que millones de mexicanos dieron su vida hace más de 100 años.
