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En días pasados los noticieros y redes sociales informaron sobre dos eventos violentos perpetrados por grupos de delincuencia organizada.
Una serie de explosiones de coches bomba en Acámbaro, Guanajuato; y un enfrentamiento entre grupos delictivos y autoridades en Tecpan de Galeana, Guerrero con saldo de 19 personas muertas. Ambos ejemplifican la evolución que ha alcanzado la delincuencia gracias a la impunidad.
La criminalidad en México desde 2019 no ha sido contenida, ni siquiera podemos hablar de que tengan un contrapeso.
En 2000, cuando inició la estrategia de combate a la Delincuencia Organizada Transnacional, los grupos delictivos tenían capacidades financieras que empleaban específicamente para dos fines: la operación de sus negocios ilícitos; y corrupción política y de autoridades de seguridad ciudadana.
La operación ilícita de los grupos delictivos se conocía con precisión: producción y trasiego de drogas principalmente marihuana y heroína, trasiego trasnacional de cocaína vinculado con los carteles sudamericanos, diversificación hacia el narcomenudeo y finamente, lavado de dinero.
Paralelamente el gobierno mexicano construía instituciones que pudieran servir como instrumento al combate a la delincuencia organizada. Nace en 1999 la Policía Federal Preventiva que evolucionó a la Policía Federal, desmantelada en el sexenio pasado.
En 2008 se da una ruptura en la estrategia de combate a la delincuencia organizada con la Reforma al Sistema Penal y de manera específica con las reformas a la Ley General de Salud y el Código Penal en donde se tipifica el narcomenudeo y se obliga a las autoridades estatales y municipales a atender esta problemática. La precariedad de las autoridades de seguridad locales y de las procuradurías de justica ocasiono una grave asimetría. La delincuencia organizada logró la penetración y cooptación de elementos policiales locales a través de la corrupción y la violencia.
No obstante, entre 2008 y 2018, el Gobierno Mexicano continuaba dispuesto a contener la problemática, a realizar detenciones y encarcelar y extraditar criminales de alto perfil.
Lamentablemente en 2019 ante la falta de visión estratégica del Gobierno y la ideologización de la política criminal, la delincuencia organizada diversificó aún más sus actividades, inmiscuyéndose en negocios que no son ilícitos como la minería, producción agrícola y ganadera, construcción de infraestructura, industria del deporte; pero que en manos de la delincuencia organizada persigue fines ilícitos.
Desgraciadamente hoy hay un cambio mucho más significativo y peligroso: la delincuencia organizada detenta un enorme poder político. En muchas regiones del país ya no son los partidos políticos quienes deciden que candidatos presentar en elecciones y no son los electores quienes deciden mediante el voto quienes ocuparan los cargos públicos, es la delincuencia organizada a través de la violencia, coerción y corrupción quienes deciden. Basta con ver entidades como Guerrero, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Chiapas o Michoacán.
Actualmente los fines de los grupos de delincuencia organizada va mucho mas allá de la operación de negocios ilícitos. Hoy los criminales tienen la capacidad para influir efectivamente en su entorno para sustituir las funciones del Estado permitiéndoles seguir operando con impunidad absolutamente garantizada.
La delincuencia organizada ha logrado consolidar un poder sin precedentes, desafía la autoridad del Estado y pone en riesgo la estabilidad del país.
Para la presidenta Sheinbaum, debe ser evidente la necesidad de implementar medidas urgentes y estructurales para combatir esta amenaza y restaurar el Estado de Derecho, dejando de lado ideologías y sesgos políticos.
