OPINIÓN

Corrupción en la internación de mercancías en México

En los últimos 6 años, las autoridades aduaneras de nuestro país se encuentran señaladas de ser cómplices de contrabando y corrupción, a primera vista pareciera cierta la afirmación que son las aduanas las...

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En las últimas semanas del año 2024, el gobierno Federal realizó diversos actos en los que se coordinaron distintas dependencias y entidades de la administración pública y de procuración de justicia federal y local, para realizar cateos, aseguramientos y embargos de mercancía de origen asiático principalmente; estos actos de autoridad forman parte de las estrategias del llamado “Plan México”.

El operativo realizado en la Plaza Comercial Izazaga 89, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ampliamente divulgado por las autoridades y medios de comunicación, expuso la localización e identificación de mercancías cuyos propietarios o tenedores no pudieron acreditar documentalmente haber cumplido los requisitos legales y reglamentarios, para el ingreso y permanencia de la mercancía en el país; o bien, que hayan obtenido la autorización de uso de marcas por quienes legalmente tienen derecho de su explotación comercial; o, también que se cumplieron con las especificaciones y obligaciones previstas en las normas oficiales mexicanas. Las personas involucradas en alguna o algunas de estas omisiones o conductas presumiblemente serán investigados por el Ministerio Público Federal; y, en su caso, acusados ante un Juez Federal de Control en materia penal por delitos como; contrabando, evasión de impuestos, falsificación de marcas o piratería, entre otros.

El tema de la internación ilegal de mercancías a México, para su posterior comercialización, no solo lo tenemos en ropa, electrónicos, muebles, sino también en combustibles, como la gasolina y el diésel. En los últimos 5 años la importación de hidrocarburos fue alentada por el Gobierno mexicano para atender la demanda interna, mientras se libraba la lucha contra el “huachicol”, entendido este como la obtención de hidrocarburos directamente de la red de conductos de abastecimiento de Pemex mediante tomas ilegales, para su venta directa, por personas que carecen de la autorización de las autoridades o teniendo está para evadir el pago de impuestos.

La corrupción en las operaciones de comercio exterior que puede presentarse tanto en la importación como en la exportación de mercancías es una problemática mundial, que afecta la integridad en las fronteras y la actuación de las autoridades estatales en la facilitación del comercio. En la segunda mitad de la década de los 90’s, se promovieron políticas que incentivaban las operaciones de comercio exterior entre bloques de Estados nacionales, de ahí la suscripción de distintos Tratados Internacionales de Comercio en los cuales se establecieron sectores, productos y servicios a los que se les garantiza un trato preferencial cuando sean originarios de alguno de los Estados que son parte de esos tratados, el ejemplo más icónico en nuestro país es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte entonces conocido como TLCAN, el cual después de su revisión y ampliación se le denomino Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC en el año de 2018.

El Estado mexicano, cuenta con 5 Tratados comerciales destacando el T-MEC, seguido por el suscrito con la Unión Europea (TLCUEM), y con países de Centro y Sudamérica, como son; Costa Rica, Colombia, y Chile. Este impulso comercial influyó en el desarrollo de infraestructura y tecnificación de las aduanas fronterizas, terrestres y marítimas de nuestro país.

En los últimos 6 años, las autoridades aduaneras de nuestro país se encuentran señaladas de ser cómplices de contrabando y corrupción, a primera vista pareciera cierta la afirmación que son las aduanas las responsables del que parece ser el ingreso desmedido de mercancía de forma irregular al país, adentrándonos un poco más en el entramado de la Administración Pública tenemos que son más autoridades las que participan en las operaciones de comercio exterior, por ejemplo tenemos la obtención de permisos, autorizaciones y certificaciones ante las Secretarías de Economía, Defensa Nacional, Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Agricultura, así como por entidades como el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que son obtenidos a partir de información y documentación falsa o mediante actos fraudulentos, y que son eventualmente presentados ante las autoridades aduaneras, como parte de la documentación que acompaña a los pedimentos de importación. Las omisiones y actos de esas otras autoridades son igual o más graves porque ponen en peligro la seguridad del consumidor final.

La corrupción en la importación de mercancías no solo implica el acto del soborno, sino cualquier perversión de la integridad de la función administrativa a cargo de las distintas dependencias y entidades que integran la Administración Pública, por lo que focalizar el problema en uno de los componentes es una falacia, ya que el proceso de importación de mercancías incluye una pluralidad de procedimientos antes distintas autoridades públicas, además de particulares autorizados por el Estado, como es el caso de los Agentes Aduanales, los transportistas y los recintos fiscalizados.  

En distintos foros nacionales e internacionales en materia de comercio exterior advierten de la carga financiera de la corrupción, sus efectos en la innovación, acceso al mercado y la reducción en la competitividad; es así que, para su combate y prevención habría que garantizar la coordinación entre las distintas autoridades mediante herramientas informáticas interoperables que relacionen los datos de los sistemas que almacenan, recaban, generan, administran y controlan los distintos procedimientos dirigidos a la obtención de permisos, autorizaciones y certificaciones previos al despacho de mercancías ante la autoridad aduanera, lo que aportara transparencia y disminuirá la discrecionalidad de los distintos actores para ofrecer o solicitar sobornos y pagos de facilitación, así como inhibir prácticas como la extorsión, tráfico de influencias y lavado de activos. 

La confianza de la población en las instituciones y por ende del aparato gubernamental depende en gran medida en la disminución de ineficiencias, la existencia y ejecución de procedimientos normados con innovación tecnológica, orientados al usuario para hacerlos accesibles y transparentes, y por supuesto el actuar de servidores públicos íntegros y profesionales en el desempeño de las atribuciones y funciones inherentes al cargo público encomendado.  Por lo que el concepto de integridad en la función pública se, integra por el respeto a las leyes y normas éticas, actuar de forma transparente y abierta, priorizar el interés público sobre el personal, político y económico, ser honesto y leal con el Estado y la población.

La corrupción no es exclusiva de lo público, y requiere cuando menos de dos sujetos; en consecuencia, las empresas, los empresarios y todos aquellos particulares que participan en las actividades de comercio exterior, tienen el deber de integridad y comportamiento ético, que inicia con el cumplimiento de las leyes y reglamentos que regulan su actividad y la de sus empleados, representantes y consignatarios.  Es decir, para prevenir y combatir la corrupción se requiere de la colaboración del Estado y del sector privado para facilitar el diseño y ejecución de planes y programas de integridad para atender los riesgos de corrupción y las vulnerabilidades existentes en ambos ámbitos, público y privado.   

En conclusión, no caigamos en las trampas de argumentos reduccionistas, la corrupción es un fenómeno social de origen multifactorial que incluye invariablemente la participación de más de un sujeto que toma la decisión de contravenir con su conducta activa u omisa las normas jurídicas, principios y valores éticos, por un beneficio superior a la probabilidad de ser descubierto y sancionado, por ello es necesaria la participación y colaboración del aparato estatal y de la población para su prevención y combate, en donde ambos deseamos sean garantes de la integridad de la función pública y de la actividad empresarial.

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