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La gestación subrogada es uno de los temas más controvertidos en el ámbito bioético y jurídico. En México, a pesar de los intentos por regular esta práctica desde hace más de una década, el país enfrenta un vacío legal que ha permitido la proliferación de malas prácticas y ha dejado desprotegidas a las partes involucradas, especialmente a las mujeres gestantes y a los niños nacidos bajo esta modalidad.
En 2010, una iniciativa legislativa intentó establecer mecanismos de protección para garantizar que las mujeres gestantes no fueran objeto de abuso ni explotación. Entre las medidas propuestas estaban la obligatoriedad de realizar contratos ante notario, cubrir los gastos médicos de la gestante y garantizar su derecho a interrumpir el embarazo sin consecuencias legales. Sin embargo, esta propuesta quedó congelada por lo que se conoce como un «veto de bolsillo».
Hoy día, solo cuatro estados mencionan la gestación subrogada en sus legislaciones: Tabasco, Sinaloa, Querétaro y San Luis Potosí. Sin embargo, estas normativas son fragmentadas y en algunos casos contradictorias. Tabasco la reconoce sin regulaciones claras de protección; Sinaloa la permite con muchas restricciones; mientras que Querétaro y San Luis Potosí la prohíben. Esta falta de consenso no solo genera desigualdades, sino que también convierte a México en un destino atractivo para extranjeros que buscan evadir las estrictas regulaciones de sus propios países.
La gestación subrogada plantea múltiples dilemas éticos. En primer lugar, está el riesgo de cosificar tanto a las mujeres como a los niños. Cuando la maternidad se concibe como un derecho absoluto y el cuerpo femenino se reduce a una mercancía, se abre la puerta a la explotación, especialmente en países donde muchas mujeres recurren a esta práctica como única salida económica. Además, surgen preguntas sobre la dignidad humana y los límites del consentimiento informado: ¿Realmente puede considerarse libre y voluntario el consentimiento en un contexto de necesidad económica?
Otro aspecto crucial es la filiación legal de los niños nacidos mediante esta técnica. La posibilidad de que participen varias personas en el proceso—la donante de óvulos, el donante de esperma, la madre gestante y los padres solicitantes—complica la determinación de responsabilidades y derechos, tanto para los adultos involucrados como para el propio niño.
Regular la gestación subrogada no es una tarea sencilla. Es necesario un marco legal que contemple tanto los aspectos jurídicos como los éticos, protegiendo a las partes involucradas y evitando la mercantilización de las personas. Algunos puntos clave para una regulación eficaz incluyen:
- Consentimiento informado obligatorio: Las mujeres gestantes deben recibir información clara y suficiente sobre los riesgos físicos, psicológicos y legales de esta práctica.
- Protección económica y sanitaria: Los gastos médicos deben estar cubiertos en su totalidad, y las gestantes deben contar con garantías que eviten su explotación económica.
- Definición clara de la filiación: Es fundamental establecer quiénes serán los padres legales del niño desde antes del nacimiento para evitar conflictos posteriores.
- Restricción de la mercantilización: Considerar solo casos altruistas dentro del ámbito familiar podría ser una alternativa para evitar el comercio de esta práctica.
En conclusión, la gestación subrogada es un reflejo de los avances y contradicciones de nuestra sociedad. Mientras que las técnicas de reproducción asistida han abierto nuevas posibilidades para formar familias, también han generado debates éticos que no pueden ser ignorados. En México, es imperativo que este debate trascienda las posiciones polarizadas y se enfoque en soluciones que prioricen la dignidad humana y el bienestar de todos los involucrados.
Un marco legal claro y una regulación ética no solo aportarán certezas jurídicas, sino que también permitirán que esta práctica se lleve a cabo de manera responsable y justa, respetando los principios fundamentales de justicia, autonomía y no explotación
