El pasado 1 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió su amenaza y estableció aranceles del 25% a las exportaciones de México y Canadá, además de un 10% a los productos energéticos provenientes de Canadá. Esta medida busca, según Trump, combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas que atraviesan la frontera sur hacia su país. En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el «Plan B» para mitigar los efectos de estos aranceles sobre la economía nacional.
El Plan B de México incluye una serie de medidas arancelarias y no arancelarias dirigidas a proteger los intereses del país. Aunque aún no se ha especificado qué productos se verán afectados ni el monto exacto de los nuevos aranceles, Sheinbaum destacó que el gobierno está preparado para enfrentar las consecuencias de estas acciones. La mandataria también mencionó que la respuesta incluye acciones que defenderán la soberanía económica de México ante las imposiciones extranjeras.
Por otro lado, el presidente Trump también se reservó el derecho de imponer más sanciones si México responde con aranceles. Esto ha generado preocupaciones, ya que podría desencadenar una escalada comercial entre ambos países. Mientras tanto, la Casa Blanca justifica la medida bajo el argumento de que México no ha cumplido con sus compromisos en la lucha contra el tráfico de fentanilo, un tema que sigue siendo central en las relaciones entre ambos gobiernos.
A pesar de estas tensiones, algunas empresas estadounidenses han expresado su preocupación por el impacto negativo de los aranceles en la economía regional. La American Chamber of Commerce of Mexico (AMCHAM) señaló que esta decisión podría derivar en un aumento de los precios, pérdida de empleos y un retroceso en las relaciones comerciales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
