Analistas en seguridad han señalado que el despliegue de 10,000 guardias nacionales en la frontera norte de México, con el objetivo de frenar el tráfico de fentanilo, podría comprometer la seguridad en otras partes del país. Vicente Sánchez, analista en seguridad, destacó la importancia de conocer qué estados perderán efectivos de la Guardia Nacional y cómo esto podría dejar zonas vulnerables con altos niveles de violencia. Propuso fortalecer el papel de las policías locales, aunque reconoció los desafíos como la falta de capacitación y la infiltración del crimen organizado.
En cuanto al combate al tráfico de fentanilo, Sánchez enfatizó que la clave está en adaptarse a las estrategias del crimen organizado y obtener un diagnóstico preciso sobre las rutas del tráfico de drogas. Aunque el fentanilo es de bajo volumen pero alto valor, su tráfico depende de la capacidad de las autoridades para anticiparse a los movimientos de los cárteles.
Por su parte, Armando Vargas, de México Evalúa, opinó que la decisión de desplazar la Guardia Nacional a la frontera responde más a una presión política del gobierno estadounidense que a una estrategia integral. Destacó que este acuerdo podría generar un mayor número de detenciones y decomisos de fentanilo, pero advirtió que no afectará necesariamente la producción de esta droga dentro de México y podría aumentar la violencia en otras regiones.
El tráfico de fentanilo en México ha evolucionado, según informes de Insight Crime. Los cárteles, especialmente el Cártel de Sinaloa, han centralizado la producción de esta droga, desplazando a los cocineros independientes. La producción se ha trasladado a estados fronterizos como Baja California, Sonora y Chihuahua, donde los productores ahora operan bajo las estructuras del crimen organizado, enfrentando nuevas reglas y riesgos
