Durante el segundo mandato de Donald Trump, la línea entre el poder político y los negocios privados se ha desvanecido, convirtiéndose en una vía directa para el enriquecimiento familiar. Según investigaciones, la fortuna de los Trump aumentó en aproximadamente $3 mil millones en un año, impulsada por bienes raíces de lujo, criptomonedas y la comercialización de la imagen presidencial.
Desde 2021, Trump ha transformado su figura política en un activo comercializable. Criptomonedas como $Trump y $Melania, promocionadas como «memecoins», generan millones en comisiones y se utilizan como una forma de acceder al presidente. Empresas y particulares invierten en estas monedas para obtener beneficios como cenas privadas con Trump o tours exclusivos por la Casa Blanca, lo que genera dudas sobre la legalidad y la ética de estas transacciones.
La familia Trump también ha expandido sus negocios inmobiliarios a nivel internacional, con proyectos en Dubái, Yeda y Catar, y ha incursionado en la minería de Bitcoin y la plataforma World Liberty Financial (WLF), que ha atraído inversiones millonarias. A pesar de las preocupaciones sobre conflictos de interés, la Casa Blanca defiende la legalidad del fideicomiso de los bienes de Trump, aunque informes financieros revelan que el presidente sigue beneficiándose de estos negocios.
La opacidad en las finanzas de Trump, estructuradas a través de numerosas sociedades de responsabilidad limitada, y la falta de regulación en el mercado de criptomonedas dificultan el rastreo de los fondos. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha pausado investigaciones a empresas de criptomonedas, incluyendo una relacionada con un inversor de WLF. La venta de acceso y la influencia directa en el valor de sus activos digitales plantean interrogantes sobre la deformación del concepto de presidencia y los riesgos para la democracia.
