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El gobierno de Claudia Sheinbaum amenaza con una ley de telecomunicaciones que lleva implícita una peligrosa intención de censura.
Paradójicamente, el reciente escándalo conocido como «Televisa Leaks» podría convertirse, de manera involuntaria en el Caballo de Troya que justifique la argumentación de los morenistas para aprobar esta ley.
Las campañas negras, esas cloacas de la comunicación política, no son una novedad en Latinoamérica.
Basta recordar el caso de la «Prensa Chicha» en el Perú de los años 90.
Bajo el régimen de Alberto Fujimori, entre 1998 y 2000, se desviaron sistemáticamente fondos de las Fuerzas Armadas al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), liderado por Vladimiro Montesinos.
El objetivo fue comprar las portadas y titulares de los llamados «Diarios Chicha», tabloides sensacionalistas, para demoler la reputación de los opositores políticos y allanar el camino para la reelección fraudulenta de Fujimori.
Fue una operación de manipulación masiva, financiada con dinero público, que envileció el debate y erosionó la democracia peruana.
Los «Televisa Leaks» confirman que esa misma práctica deleznable sigue vigente en México, adaptada a las nuevas tecnologías.
Las filtraciones exponen presuntas estrategias coordinadas para desprestigiar figuras públicas, utilizando herramientas digitales y, presumiblemente, recursos públicos considerables.
Lo más revelador, y quizás lo más cínico, es que en esta guerra sucia ni siquiera los supuestos aliados, los compadres de ocasión, los amigos de coyuntura o los financiadores de campañas parecen estar a salvo. Es un «fuego amigo» que evidencia la falta de lealtad y escrúpulos en los círculos morenistas.
Esta práctica no es solo un juego sucio entre los morenistas, es una forma de corrupción con consecuencias devastadoras para la sociedad.
Las campañas negras confunden, desinforman, sesgan y, sobre todo, manipulan la opinión pública. Y una opinión pública manipulada es el terreno fértil para decisiones políticas erráticas, desde la aprobación de políticas gubernamentales hasta la elección de representantes populares. Morena ataca el corazón mismo de la democracia.
Quienes diseñan y ejecutan estas campañas operan al margen de la ética profesional. Su tolerancia al quebrantamiento de normas y la disposición a destruir reputaciones sin miramientos, los convierte en artífices de la posverdad.
Es fundamental entender que entre estas tácticas y la genuina libertad de expresión no existe una «delgada línea gris». Las campañas negras no son una opinión disidente ni una crítica legítima; son, simple y llanamente, un abuso flagrante de la libertad de expresión, una perversión de un derecho fundamental.
Y aquí radica el verdadero peligro. La indignación justificada que provocan los «Televisa Leaks» podría ser manipulada para presentar la ley de telecomunicaciones como una solución necesaria, como un “control” contra la desinformación y el linchamiento mediático.
Sería caer en una trampa peligrosa: aceptar la censura como remedio contra la manipulación.
No debemos engañarnos. Actores como Televisa, históricamente, han demostrado ser aliados pragmáticos del gobierno en turno, sin importar su color o ideología, buscando siempre mantener sus beneficios y acceso al erario. Con o sin una nueva ley de censura, es ingenuo pensar que su línea editorial cambiará radicalmente o que dejará de ser cómplice del poder.
La sociedad mexicana se enfrenta a un dilema crucial. Es imperativo condenar y exhibir las prácticas corruptas y manipuladoras como las que sugieren los «Televisa Leaks».
Pero es igualmente vital no permitir que esa condena sirva de coartada para introducir mecanismos de censura que amordacen la crítica legítima y restrinjan aún más el ya de por sí amenazado espacio cívico.
Debemos rechazar tanto la enfermedad de las campañas negras como el falso remedio de la censura gubernamental, defendiendo una libertad de expresión robusta, crítica y, sobre todo, vigilante ante cualquier intento de manipulación, venga de donde venga.
