Amnistía Internacional ha denunciado violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el Centro de Procesamiento del Servicio de El Paso (EPSPC), en Texas, como parte de lo que califica como una represión estructural contra personas migrantes bajo las políticas migratorias del expresidente Donald Trump. En su informe “Dehumanized by Design: Human Rights Violations in El Paso”, la organización documenta una serie de prácticas abusivas que incluyen aislamiento prolongado, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas de reclusión.
El documento fue elaborado tras una visita de investigación realizada en abril, en la que se entrevistaron a 27 personas detenidas, además de organizaciones locales, abogados y proveedores de asistencia humanitaria. Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes en Amnistía Internacional Estados Unidos, denunció que el gobierno está realizando deportaciones sin respetar el debido proceso ni la dignidad de las personas: “Este gobierno está deteniendo a personas y llevando a cabo deportaciones masivas sin respetar los derechos humanos, la dignidad ni la rendición de cuentas”.
Uno de los patrones más alarmantes señalados por la ONG es el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar la detención y clasificación de migrantes venezolanos como “personas de alto riesgo”. Esta categorización, basada en criterios como la nacionalidad o la presencia de tatuajes, ha derivado en traslados constantes, impedimentos para el acceso a representación legal y amenazas de deportación a lugares como Guantánamo o El Salvador.
Los testimonios incluidos en el informe son contundentes. Un migrante dominicano relató haber sido trasladado entre cuatro centros de detención en dos meses, lo que ha complicado su defensa. Otro detenido, de origen mexicano, destacó el abandono que sufren sus familias: “Estamos aquí porque el sistema no funciona”. Casos de violencia también fueron documentados, como el de un hombre agredido por guardias tras un incidente en la fila del comedor, y que posteriormente fue deportado a El Salvador.
Amnistía también denunció condiciones insalubres dentro del centro: agua no potable, comida en mal estado, hacinamiento, atención médica deficiente y falta de higiene generalizada. Estas condiciones, sumadas al uso del aislamiento como castigo, configuran un entorno que, según la organización, viola múltiples estándares internacionales de derechos humanos.
La organización internacional ha exigido al gobierno estadounidense que ponga fin a estas prácticas y que garantice condiciones dignas y procesos legales justos para todas las personas migrantes detenidas en el país.
