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¿Puede un país avanzar con paso firme si más de la mitad de su gente trabaja en la informalidad? En México, de acuerdo con el INEGI, para marzo de 2025, el 54.4% de la población económicamente activa lo hace sin contrato, sin seguridad social, sin respaldo legal. Lo hacen al margen del sistema, aunque sostienen gran parte de su funcionamiento. La paradoja es evidente: el país descansa sobre espaldas que no reconoce.
La informalidad no es solo un número; es una condición de vida. Es levantarse cada día sin certezas. Es vender, servir, construir, limpiar, producir… sin garantías. Es saber que una enfermedad puede acabarlo todo, que no habrá pensión, que el retiro es un lujo lejano. Las mujeres, además, enfrentan mayores niveles de informalidad. No porque trabajen menos, sino porque la desigualdad también estructura el mercado laboral.
Esta realidad arrastra consecuencias que van más allá del individuo. La informalidad reduce la recaudación fiscal, limita el financiamiento de servicios públicos y frena el crecimiento económico. En una economía donde gran parte de la población trabaja fuera del marco legal, la desigualdad se convierte en una constante, no en una falla. Es difícil hablar de desarrollo cuando millones no tienen derechos básicos.
Pero lo más preocupante es que no parece haber una intención real de cambiarlo. Las políticas públicas no han creado condiciones accesibles ni atractivas para formalizar. Quien quiere dar el paso se topa con trámites engorrosos, requisitos que no se adaptan a su realidad, y con instituciones que no orientan, solo exigen. El sistema no facilita: disuade. En lugar de ayudar a integrar, levanta barreras que terminan por disuadir al más decidido.
La pregunta incómoda: ¿por qué no hay una apuesta seria por la formalización? Tal vez porque la informalidad le conviene al poder. Una población informal es una población desorganizada, más fácil de controlar, menos exigente en derechos. No exige pensiones, ni seguridad social, ni justicia laboral. El costo político de ignorarlos es bajo. Y mientras tanto, el sistema sigue funcionando… aunque sea sobre bases frágiles.
Por su parte, la falta de educación financiera, de apoyos iniciales, de créditos accesibles y de políticas de transición pensadas con empatía perpetúa este ciclo. A millones nunca se les enseñó cómo administrar un ingreso, cómo registrar un pequeño negocio, cómo facturar o acceder a un crédito sin caer en deuda. No es que no quieran: es que nunca se les dio la oportunidad real. La formalidad sigue siendo un privilegio, cuando debería ser una vía abierta para todos.
Tampoco existen verdaderos puentes hacia la formalidad. Lo que hay son muros. Las reglas parecen hechas para grandes empresas, no para quien vende en un tianguis o trabaja desde casa. Falta una visión que entienda que formalizar no es firmar papeles: es transformar una vida. Y para eso se necesita cercanía, apoyo y sensibilidad.
Y entonces volvemos a la pregunta inicial: ¿Puede prosperar un país que no protege a quienes lo sostienen?
Pero también hay que decirlo: hemos construido, como sociedad, una cultura que normaliza la evasión, que celebra “saltarse el sistema” y que desconfía profundamente de las instituciones. Preferimos mantenernos en la sombra, pensando que así ganamos libertad, cuando en realidad perdemos derechos. A veces elegimos la informalidad no porque no haya alternativa, sino porque nos hemos acostumbrado a esquivar responsabilidades. Y mientras la informalidad sea vista como escape y no como obstáculo, será difícil avanzar.
La formalidad no debería ser una carga, sino una promesa de protección, de estabilidad, de futuro. Pero para lograrlo, necesitamos un cambio institucional… y también uno cultural.
Mientras no se trace un camino claro, justo y empático hacia la formalidad, la desigualdad seguirá creciendo, y la informalidad será la norma, no la excepción. Un país que deja a tantos fuera del sistema no está avanzando: solo está aplazando el colapso.
