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* En colaboración con Jaime Tbeili Palti
El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz no es un hecho aislado. Es un acto político con un mensaje claro: nadie está a salvo. La ejecución de dos colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en pleno corazón de la Ciudad de México, no solo sacude al movimiento de la Cuarta Transformación; es una señal perturbadora de la normalización de la violencia como forma de presión, intimidación o incluso de control político.
Ximena y José no eran improvisados. Eran funcionarios con trayectoria, comprometidos con el proyecto de transformación social desde sus inicios. Su lealtad, profesionalismo y cercanía con el círculo político de Morena los convertía en piezas clave en la administración capitalina. Por eso mismo, su asesinato no puede verse como un crimen común. Fue un ataque dirigido, planeado con precisión, y ejecutado con la frialdad que caracteriza al crimen organizado.
El hecho es grave no solo por lo que representa, sino por lo que revela: la fragilidad del Estado ante una violencia que ya no distingue entre activistas, funcionarios o civiles. ¿Cómo puede hablarse de consolidación democrática cuando un gobierno electo no puede garantizar la seguridad de su propio equipo? ¿Qué mensaje se manda a los servidores públicos que trabajan por convicción y no por conveniencia?
Y lo más preocupante es la narrativa que se quiere imponer: que fue un asunto “personal”, que hay que esperar a que se esclarezcan los hechos, que no hay que politizar el dolor. Pero ¿cómo no politizar un crimen que es, en esencia, profundamente político? ¿Hasta cuándo vamos a seguir mirando hacia otro lado mientras las balas deciden el curso de nuestras instituciones?
Este doble asesinato representa también una prueba para Claudia Sheinbaum. No solo como presidenta en funciones, sino como figura que ha construido su discurso sobre la base de una ciudad “más segura” y de una estrategia de “atención a las causas”. Hoy esas causas, y sus consecuencias, se le han instalado en el centro del poder. La exigencia de justicia no puede ser un gesto simbólico, ni una promesa de campaña. Tiene que ser real, contundente y urgente.
La muerte de Ximena y José debe dolernos a todos, no solo por la tragedia humana, sino porque exhibe la cruda verdad: que en México, incluso los servidores públicos están expuestos a una violencia que ya no respeta investiduras, trayectorias ni convicciones.
