La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha ratificado la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La decisión del máximo tribunal confirma la sentencia por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco de la conocida «causa Vialidad». Debido a su edad (72 años), Kirchner podrá acceder al beneficio de la prisión domiciliaria. Esta confirmación de la condena, que es la última instancia judicial, significa que la exmandataria no podrá presentarse como candidata a diputada en los próximos comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, como tenía previsto, ni ocupar cargos públicos de aquí en adelante.
Kirchner, quien también se desempeñó como vicepresidenta durante el mandato de Alberto Fernández (2019-2023) y actualmente preside el Partido Justicialista (PJ), la principal fuerza opositora al gobierno de Javier Milei, escuchó el anuncio de la Corte desde la sede de su partido, acompañada por legisladores y dirigentes. La Fiscalía había solicitado una pena mayor de 12 años de prisión y la adición del delito de asociación ilícita, pero el máximo tribunal rechazó esta petición. Días antes del anuncio, militantes peronistas habían cortado los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires, manifestando la tensión que rodeaba la decisión judicial.
La condena de la expresidenta se originó en la «causa Vialidad», donde fue acusada de haber direccionado la adjudicación de obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro, Lázaro Báez, durante sus dos gobiernos (2007-2015) en la provincia patagónica de Santa Cruz, bastión histórico de los Kirchner. Según la Fiscalía, los Kirchner crearon la empresa constructora Austral Construcciones días antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia en 2003. Durante los 12 años de gobierno, Austral Construcciones recibió licitaciones para 51 obras viales, lo que representó el 79% del total de las obras en Santa Cruz.
De esas 51 obras, solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Los fiscales señalaron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios, estimando que la «cartelización organizada» desde el gobierno perjudicó al Estado por más de 1.000 millones de dólares. Lázaro Báez, un exgerente bancario sin experiencia en construcción que los fiscales identificaron como testaferro, también fue condenado junto con otros siete exfuncionarios kirchneristas, incluido el exsecretario de Obras Públicas, José López, previamente detenido por otras causas de corrupción.
