La administración de Donald Trump intensificó su presión sobre el gobierno mexicano para que lleve a cabo investigaciones y procesos legales contra políticos sospechosos de tener vínculos con grupos criminales. En varias reuniones bilaterales, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha solicitado a las autoridades mexicanas que investiguen a estos funcionarios y, en caso de existir cargos en Estados Unidos, procedan a su extradición.
Entre los funcionarios señalados en estas conversaciones se encuentran cinco miembros actuales del partido Morena y un exsenador, destacando a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. La Casa Blanca incluso ha vinculado la falta de acción a posibles medidas arancelarias adicionales sobre productos mexicanos, argumentando que la corrupción vinculada al narcotráfico afecta la relación bilateral.
Además de las investigaciones, Estados Unidos propuso crear un enlace directo, denominado “zar estadounidense del fentanilo”, para coordinar esfuerzos con México en la lucha contra este opioide sintético que ha provocado numerosas muertes en territorio estadounidense. También se pidió reforzar los controles fronterizos para evitar el tráfico ilegal.
Aunque la Fiscalía General de México mantiene independencia constitucional, la presión internacional representa un desafío político importante, dado que las acusaciones alcanzan a miembros del gobierno en funciones, poniendo en riesgo la estabilidad política interna y la cooperación en seguridad entre ambos países.
