Tras los alertamientos emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre posibles operaciones ilícitas en CIBanco e Intercam, numerosas empresas mexicanas han iniciado una revisión exhaustiva de sus acuerdos comerciales. Esta medida busca identificar cláusulas de rescisión y garantías que les permitan mitigar riesgos legales y financieros en caso de sanciones o restricciones futuras.
Directivos de firmas de sectores tan diversos como manufactura, retail y servicios financieros han señalado que su principal objetivo es asegurar la continuidad de sus operaciones y proteger el flujo de efectivo. Para ello, están evaluando la incorporación de auditorías tercerizadas y cláusulas de force majeure específicas para este tipo de contingencias.
Asimismo, algunos consorcios están negociando con aseguradoras coberturas adicionales que consideren eventos de reputación y responsabilidad penal corporativa. De esta manera, pretendan que, de materializarse alguna sanción, el impacto en sus balances sea lo más acotado posible y puedan recurrir a mecanismos de indemnización.
Por último, empresarios han manifestado su intención de reforzar las prácticas de debida diligencia interna, incluyendo un monitoreo continuo de las contrapartes y el uso de herramientas de análisis de riesgos basados en inteligencia artificial, con el fin de anticiparse a futuras alertas regulatorias.
