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Cada vez más personas se hacen una pregunta que hace algunos años no hubiera tenido mucho sentido:
¿Está México encaminándose hacia el comunismo?
Es decir, ¿está México avanzando hacia una economía gubernamentalmente planificada en la cual se violan sistemáticamente dos derechos fundamentales: la libertad individual para producir, ofrecer y vender; y la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender?
Más allá de lo que ha hecho la llamada Cuarta Transformación —acciones que por sí solas ya dan señales preocupantes—, hay que recordar que esta tendencia no comenzó ahí. En realidad, se remonta a febrero de 1983, cuando se introdujo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el llamado capítulo económico, contenido principalmente en los artículos 25, 26, 27 y 28.
Veamos, por ejemplo, lo que establece el artículo 25:
“El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional.”
A primera vista, puede sonar bien. Después de todo, lo contrario sería la improvisación, y la improvisación no lleva a ningún lado. Además, se trata de la actividad económica nacional, de cuya buena marcha depende que sigamos comiendo tres veces al día. Así que, ¿por qué no aplaudir que el Estado la planee, conduzca, coordine y oriente?
Pensemos un momento.
La llamada “actividad económica nacional”, así en abstracto, no existe. Lo que existen son las actividades económicas de cada uno de nosotros, desde la producción de bienes y servicios hasta su consumo. Por tanto, la única forma de que el gobierno planee, conduzca, coordine y oriente la actividad económica nacional es haciendo lo mismo con nuestras actividades individuales. Y si eso ocurre —que aún no es del todo el caso, pero podría serlo—, ¿dónde queda nuestra libertad individual para emprender, producir y decidir? ¿Dónde queda la propiedad privada?
Lo dispuesto en el artículo 25 es propio de una economía planificada, es propio del comunismo, para decirlo sin rodeos.
Pero no es lo único. También es importante lo que señala el párrafo cuarto del artículo 28. Según este, basta con que el Congreso expida una ley —y el Ejecutivo la promulgue— que declare estratégico cualquier sector de la economía, para que pueda ser expropiado y gubernamentalizado.
Sí, gubernamentalizado, no “nacionalizado”. Porque el artículo 25, en su párrafo quinto, indica que los sectores estratégicos deben estar en manos exclusivas del Estado, es decir, convertidos en monopolios gubernamentales.
¿Qué significa todo esto?
Significa que, en México, el derecho a la libertad para producir, ofrecer y vender —para emprender— no está ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado.
Y también que la propiedad privada sobre los medios de producción está igualmente vulnerable.
Esto, insisto, es propio del comunismo.
Y lo más grave es que no se lo debemos a la 4T, sino al sexenio de Miguel de la Madrid, que incorporó estas disposiciones a la Constitución en 1983.
Hoy, 42 años después, siguen vigentes.
Más allá de las intenciones de la Cuarta Transformación en general, y de Claudia Sheinbaum en particular, el proyecto económico contenido en el capítulo económico de la Constitución —artículos 25, 26, 27 y 28— es el de una economía comunista: una economía gubernamentalmente planificada que viola sistemáticamente la libertad individual y la propiedad privada.
¿Hasta qué punto los gobiernos de la 4T harán valer lo que dice este capítulo económico?
Eso es gravísimo, porque el comunismo, además de violar derechos, fracasa en lo económico: no reduce la escasez ni mejora el bienestar, sino todo lo contrario: incrementa la escasez y reduce el bienestar.
