La reciente oleada de redadas migratorias impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump ha generado un impacto económico inmediato y severo en ciudades con alta densidad poblacional latina, con Chicago como un caso emblemático. Barrios como Little Village, conocido como el «México del Medio Oeste», están experimentando una parálisis económica marcada por el pánico.
Empresarios locales reportan caídas en la facturación de hasta el 40% en sectores como el comercio minorista y de servicios, incluyendo tiendas especializadas y restaurantes. El miedo generalizado a las detenciones por parte de la agencia ICE (Inmigration and Customs Enforcement) está disuadiendo a los migrantes, con o sin estatus legal, de salir a la calle para trabajar, comprar o realizar actividades cotidianas. Esta ausencia ha golpeado también al sector de la construcción, dejando obras abandonadas por la falta de mano de obra.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha criticado abiertamente que estas políticas federales están «socavando la capacidad económica» de la ciudad. A nivel nacional, la expulsión masiva de migrantes es considerada un «golpe catastrófico».
La paradoja es que las medidas, diseñadas para ser restrictivas, terminan por dañar la primera economía mundial, que depende fuertemente de la comunidad inmigrante. Los migrantes representan un poder adquisitivo de más de $1.6 billones de dólares, siendo un motor crucial del consumo y contribuyendo con cientos de miles de millones en impuestos. La salida de esta fuerza laboral y su capacidad de gasto amenaza con encarecer los productos, reducir la base impositiva y generar vacantes críticas en industrias esenciales como la agricultura, la hotelería y la construcción.
