El Gobierno italiano ha incluido en su proyecto de presupuestos para 2026 un aumento fiscal dirigido específicamente a los bancos y aseguradoras, con el objetivo de recaudar aproximadamente €4.4 mil millones (alrededor de $4.7 mil millones de dólares) solo en ese año. Esta medida, que se extiende a una carga total de €11 mil millones hasta 2028, es la estrategia elegida por el Ejecutivo para financiar medidas de apoyo a familias, personas de ingresos medios y pequeñas y medianas empresas (PYMES).
La necesidad de esta «contribución solidaria» subraya el desafío estructural que enfrenta Italia: la urgencia de reducir su déficit público y cumplir con los compromisos de gasto social (como el aumento en sanidad) sin aplicar fuertes recortes en otros sectores. El mecanismo principal para obtener estos fondos es la congelación temporal de la desgravación de activos fiscales diferidos (DTA), una táctica más sutil que el fallido impuesto a las ganancias extraordinarias de 2023.
Si bien el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, afirma que el impacto es «absolutamente soportable» y que el sector financiero es sólido, la noticia fue recibida con una caída en la Bolsa de Milán, con el sector bancario y financiero a la baja. Críticamente, esta dependencia de impuestos ad-hoc sobre un sector específico genera una incertidumbre recurrente, lo que podría, a largo plazo, socavar la confianza de los inversores y limitar la inversión de capital en la economía real.
A pesar de la coordinación con la Asociación Bancaria Italiana (ABI) para evitar un pánico similar al de 2023, la medida consolida un gravamen recurrente sobre la banca, convirtiendo a las instituciones financieras en un instrumento de financiación de la política social y de la disciplina fiscal del Estado.
