La Agencia de Aplicación de la Ley contra el Crimen (ED) de la India ha ejecutado una orden de embargo provisional sobre propiedades vinculadas al industrial Anil Ambani y su grupo corporativo, por un valor superior a los $341 millones de dólares. Esta acción se enmarca en una investigación más amplia por presunto lavado de dinero, lo que agrava la crisis financiera y legal que envuelve al otrora multimillonario.
El embargo de activos, que incluye bienes inmobiliarios y propiedades del grupo Reliance, es una medida financiera crítica destinada a recuperar fondos supuestamente desviados en un esquema de fraude masivo que afectó a varios bancos públicos indios. El Banco Estatal de India (SBI), la mayor entidad bancaria del país, había presentado una denuncia penal contra la compañía de Ambani, Reliance Communications Ltd, por presunto fraude en cuentas de préstamos.
Desde una perspectiva de finanzas corporativas, este caso es emblemático de la crisis de deuda que ha desmantelado el imperio heredado por Anil Ambani. Mientras que su hermano, Mukesh Ambani, se consolidó como el hombre más rico de Asia, el conglomerado de Anil, centrado en telecomunicaciones y energía, se fue desmoronando bajo una carga insostenible de pasivos.
Críticamente, el embargo y la investigación penal refuerzan el mensaje de las autoridades indias de aplicar una fiscalización estricta sobre el fraude corporativo y la insolvencia. La pérdida de estos activos por parte de Anil Ambani subraya la volatilidad y los riesgos de gobernanza que aún persisten en los grandes conglomerados indios, obligando a los reguladores a intervenir para proteger los intereses de los acreedores y la estabilidad del sistema bancario nacional.
