El retiro gradual pero creciente de marcas automotrices chinas del mercado mexicano ha comenzado a generar efectos colaterales significativos para consumidores y distribuidores. Sin un marco regulatorio que obligue a las empresas a garantizar soporte técnico, documentación y refacciones tras su salida, los propietarios de estos vehículos enfrentan una incertidumbre operativa creciente.
Uno de los casos más emblemáticos es el de SEV, marca asociada a Grupo Solarever, que llegó a ofrecer hasta cuatro modelos de autos eléctricos en México y que hoy mantiene cerradas sus agencias, sin atención telefónica y sin presencia funcional. La consecuencia: clientes imposibilitados para obtener certificaciones de buen funcionamiento eléctrico, indispensables para realizar trámites como el acceso a hologramas exentos o placas verdes.
Expertos del sector, como Armando Soto, director de Kaso y Asociados, atribuyen esta situación a la apertura acelerada y poco regulada del mercado, que permitió la entrada de importadores sin experiencia automotriz. Algunas marcas anunciaron ambiciosos planes de inversión —como una planta de ensamble en Durango por 6,800 millones de pesos— que nunca se concretaron. El vacío legal ha dejado a los consumidores sin respaldo institucional ni garantías mínimas de continuidad operativa.
El problema podría intensificarse ante la posible imposición de aranceles de hasta 50 % a vehículos importados desde países sin tratado comercial con México, como China. Esta medida encarecería los modelos de bajo volumen, presionando la salida de proyectos pequeños y poniendo en duda su viabilidad futura. Las marcas con presencia estructurada, como BYD, MG o GWM, podrían adaptarse, pero los importadores independientes enfrentarían mayores barreras para sostener operaciones.
Más allá del impacto económico, el efecto reputacional es significativo. Cada salida precipitada revive el estigma de experiencias previas como la de FAW, deteriorando la percepción de confiabilidad de las marcas chinas en su conjunto. Incluso firmas que han invertido en infraestructura, posventa y red comercial, como JAC, reconocen que el retiro desordenado de competidores menores afecta su posicionamiento frente al consumidor mexicano.
En un contexto donde la movilidad eléctrica se posiciona como una tendencia estratégica, la falta de regulación efectiva y mecanismos de protección al consumidor pone en riesgo no solo a los compradores actuales, sino también a la confianza en los proyectos de electromovilidad que buscan consolidarse en el país.
