La reciente salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) y el nombramiento interino de Ernestina Godoy marcan un momento clave para la estructura institucional de justicia en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la decisión fue producto de un acuerdo sin conflicto, y reiteró su reconocimiento a la trayectoria del exfiscal, quien —según indicó— aceptó representar a México en una embajada.
Godoy, quien se desempeñaba como consejera jurídica del Ejecutivo Federal, fue designada como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, lo que conforme a la Ley Orgánica de la FGR la coloca automáticamente como fiscal interina. Permanecerá en el cargo hasta que el Senado concluya el proceso de designación definitiva, para el cual ya fue emitida la convocatoria pública.
Más allá del relevo formal, esta transición abre espacio para una nueva dinámica en el funcionamiento de la FGR. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expresó confianza en que la llegada de Godoy permitirá una coordinación más ágil con otras instituciones del gabinete de seguridad. Señaló, además, que varios miembros del equipo que ahora se integra en la FGR ya han colaborado previamente con dependencias federales, lo que favorecería la continuidad operativa.
Desde la perspectiva presidencial, el objetivo principal no es la figura al frente de la Fiscalía, sino los resultados. Sheinbaum insistió en que se respetará la autonomía constitucional del órgano, pero también en la necesidad de fortalecer la cooperación entre las instancias de seguridad y justicia. En sus declaraciones, evitó detallar las causas reales de la renuncia de Gertz, pese a los cuestionamientos públicos sobre su gestión, marcada por casos controvertidos como el de Emilio Lozoya o la denuncia ante la CIDH por el caso Cuevas-Morán.
La coyuntura se inscribe en un momento de alta actividad operativa del gobierno federal en regiones críticas como Michoacán, donde se ha desplegado un número significativo de efectivos de las Fuerzas Armadas y se han logrado detenciones relevantes. La articulación entre el aparato de seguridad y la Fiscalía será clave para avanzar en el combate a delitos de alto impacto y consolidar la legitimidad institucional de la FGR en esta nueva etapa.
